La Cámara de Diputados aprobó, en general y por mayoría, la ley que establece el pago de un adicional para los y las docentes que no excedan las tres faltas trimestrales. La suma, remunerativa y no bonificable, será del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que mensualmente les corresponda. El plus, que se calculará con los haberes en forma mensual y se liquidará trimestralmente, comenzará a abonarse en el mes de septiembre. La ley se votó esta tarde en la 13° sesión ordinaria del cuerpo que presidió la vicegobernadora Gloria Ruiz. 

La norma fue aprobada con 25 votos positivos aportados por los bloques de DC-Comunidad, MPN, PRO, Hacemos Neuquén y por los unipersonales JxC-UCR, Juntos, Avanzar, Neuquén Federal y Arriba Neuquén. En tanto, sumó tres votos negativos de los bloques UxP, PTS-FIT-U y FIT-U. Pasadas las 0h se prevé su tratamiento en particular durante la 14° sesión ordinaria. 

Al actuar como miembro informante, Claudio Domínguez (MPN) aclaró que la medida es de carácter voluntaria, que no afecta el salario del plantel trabajador y remarcó que no genera ningún esfuerzo extra en la jornada laboral por lo que no puede considerarse inconstitucional. “Es un plus, nadie está obligado, es voluntario” sintetizó el legislador.

En otro tramo, mencionó los antecedentes de similares características de otras jurisdicciones y detalló los principales cambios realizados en el plenario de esta mañana, entre ellos la eliminación del requisito de capacitaciones para acceder al adicional y la elevación del ítem del 10 a 15% de la asignación del cargo u hora cátedra. 

Por su parte, Federico Méndez (DC-Comunidad) votó a favor tras señalar que, si bien no constituye “una solución integral” a la crisis educativa, representa un puntapié para “comenzar la discusión”. El legislador enmarcó la medida en el contexto actual en el que -según aseguró-, “todos los temas están en discusión” a partir de una demanda de la sociedad. 

Desde el PRO, Marcelo Bermúdez votó a favor pero se pronunció en contra de la eliminación de las capacitaciones como requisito para cobrar el adicional y del reemplazo del concepto de incentivo por adicional. En ese marco, dijo que considerar que el incentivo es inconstitucional, representa una sociedad “de fracasados”. Asimiló la medida con las que se aplican en otros sectores que justamente premian al plantel trabajador a través de comisiones y presentismo. 

Su par de bloque, Verónica Lichter aseguró que la calidad educativa pública en la provincia está en descenso y mencionó el caso de una escuela de Villa La Angostura que a febrero de este año, tenía 17 licencias por cubrir y en abril otras nueve. Adelantó que apoyará “cada paso que se dé por hacer que la educación sea considerada un servicio esencial”, pedido que también realizó Mercedes Tulián del mismo espacio político.

Por Hacemos Neuquén, Alberto Bruno celebró que “no fue un proyecto cerrado” y, en ese marco, valoró el incremento del porcentaje inicial que resultaba insuficiente, según señaló. Defendió los incentivos en el ámbito laboral y subrayó que la ley no implicará más trabajo para los docentes “sino que cumplan con los días establecidos”.

A su turno, César Gass (JxC-UCR) señaló que la medida representa un “cambio cultural” y que no genera ninguna obligación. Además, celebró que prosperara su propuesta de eliminar las capacitaciones como requisito para acceder al plus. Su par Carina Riccomini, de Juntos, remarcó que el proyecto “no quita derechos a los docentes” y aseguró que el usufructo de una licencia “no va a representar una desmejora en sus salarios”. “Estamos premiando que una persona sea responsable y vaya a trabajar”, expresó.   
  
Al pronunciarse en contra, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) enmarcó el proyecto en el plan de ajuste que se está realizando a nivel nacional y aseguró que la iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador Rolando Figueroa. “El objetivo es estigmatizar e instalar que la educación no funciona porque hay muchas licencias, sin ningún dato”, aseguró. En similar sentido se pronunció Gabriela Suppicich (FIT-U) al cuestionar que el proyecto carga la responsabilidad sobre los docentes y no sobre el Estado, al tiempo que representa una extorsión a los trabajadores para quienes el adicional puede resultar significativo, teniendo en cuenta que el salario es de 260 mil pesos. También consideró que el proyecto es “totalmente misógino”, en tanto genera doble tarea en un sector que es feminizado.

Por UxP, Darío Martínez cuestionó el apuro en el tratamiento parlamentario de manera “irresponsable e imprudente” y la ausencia de datos oficiales y funcionarios del Ejecutivo para debatir la iniciativa.