La presentación toma casos testigos de cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia) a fin de demostrar “la violación de los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y/o territorio y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”.
Seis organizaciones de Derechos Humanos de cuatro países de América Latina y de Alemania, entre ellas el CELS, de Argentina, denunciaron este jueves ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la empresa Bayer-Monsanto por su responsabilidad frente al impacto ambiental y en la salud de los pobladores causados por el modelo de negocios impulsado por las semillas transgénicas y el uso de agroquímicos.
Se trata de un recurso de queja que realizaron, además del CELS, las organizaciones Terra de Direitos (Brasil), Base-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ambos de Alemania).
La presentación toma casos testigos de cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia) con los que se pretende demostrar -señala- “la violación de los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y/o territorio y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”.
“Hoy hemos presentado una denuncia contra Bayer ante el punto de contacto de la OCDE en Alemania porque encontramos que esta empresa no está respetando los Derechos Humanos y las empresas multinacionales en Alemania tienen este deber y para ello deben incorporar políticas de debida diligencia”, indicó Silvia Rojas Castro, asesora legal empresas y derechos humanos, ECCHR (Alemania) durante la presentación a la prensa.
“Nuestra queja -continuó- argumenta que Bayer está incumpliendo con las directrices sobre conducta empresarial responsable de la OCDE. Por un lado, las políticas de debida diligencia de Bayer en el sector de la soja genéticamente modificada y los pesticidas a base de glifosato son insuficientes”.
Y añadió que “tras un cuidadoso estudio de la forma en la que opera la empresa en los cuatro países y las políticas actuales en la materia encontramos que estas son inadecuadas para identificar, priorizar, prevenir y mitigar los riesgos e impactos asociados al cultivo de soja y el uso de pesticidas”