Su documento titulado "¿Nación o factoría?" sostiene que la recesión provoca la caída de la recaudación fiscal un 16% en términos reales y la economía ingresó en depresión, Señala, además, que "la ilegal vigencia del DNU 70/23 el Gobierno de Javier Milei desmantela el debilitado sistema de precios internos, cuya liberalización solo favorece el aumento exponencial de las ganancias de los grandes conglomerados empresarios,

El Foro Economía y Trabajo (Foroeyt) que integran la CGT, ambas CTA, cooperativistas y pequeñas y medianas empresas, entre otros, denunció este martes que entre diciembre y marzo “el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil cayó un 20,6% y el de las jubilaciones mínimas un 34,4%, lo que los ubica por debajo de la línea de la pobreza”.

Además, aseguraron que la actividad económica “se hunde por la mega devaluación de la moneda, el ajuste fiscal, la eliminación del circulante y otras medidas vigentes”.

Grandes corporaciones, en el país o el extranjero, tienen una operatoria transnacional y se apropian del excedente económico argentino, que debiera encauzarse hacia la inversión productiva, y lo transfieren fuera del país”

Texto del documento publicado por Foro de Economía y Trabajo
Un documento del Foro titulado “¿Nación o factoría?” sostiene que la recesión provoca la caída de la recaudación fiscal un 16% en términos reales y la economía ingresó en depresión, Señala, además, que “la ilegal vigencia del DNU 70/23 el Gobierno de Javier Milei desmantela el debilitado sistema de precios internos, cuya liberalización solo favorece el aumento exponencial de las ganancias de los grandes conglomerados empresarios, yendo hacia un esquema mundial de precios que definen ellos”.

“Esas grandes corporaciones, en el país o el extranjero, tienen una operatoria transnacional y se apropian del excedente económico argentino, que debiera encauzarse hacia la inversión productiva, y lo transfieren fuera del país, muchas veces eludiendo o evadiendo impuestos e ingresando en el circuito de la especulación financiera de los grandes fondos de inversión. Agobia el aumento exorbitante de las tarifas de servicios públicos, como la electricidad y el gas. Ello se suma a la desmesura de la mayoría de los precios, incluso de los alimentos, medicamentos e insumos, lo que no se corresponde con sus costos reales de producción” especifica el texto.

La inflación porteña se ubicó en marzo por encima de la proyección que maneja el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno al 10% a nivel nacional y aun más lejos del índice “JumBot”referido también por el titular de Economía y el propio Presidente.
A su vez, el documento alerta que con el rumbo elegido por este gobierno “se compromete la vida de millones de argentinos, el entramado socio-productivo del país y su integración nacional, por lo que es preciso reconstituir el sistema de precios para el desarrollo industrial, que es la principal fuente de generación de empleo, y comenzar por “desacoplar los precios locales de los productos de exportación de los internacionales”.

Los integrantes del Foro reclaman la intervención del Estado en la regulación del precio de la energía, ya que constituye un precio estratégico determinante para la producción de bienes y servicios que impulsan la inflación, y demandan “tarifas asequibles y diferenciadas para las pymes, cooperativas y emprendimientos sociales de todos los sectores productivos regionales”.

Respecto de la energía eléctrica, el documento pide la anulación de la Resolución 7/24 de la Secretaría de Energía, que aumentó un 124% su precio mayorista, lo que afectó a las industrias y comercios, que sufrieron incrementos de tarifas según consumo de entre el 420 y 600%”. En relación con el gas, se indica la necesidad de “volver para atrás con la Resolución 41/24, porque su ajuste injustificado implica un incremento de más del 300% sobre el precio medio del metro cúbico”.

“La determinación de las tarifas debe basarse en sus costos reales de producción y distribución en el país y no en ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales definidos por los conglomerados internacionales, como hoy se impone. Se requieren tarifas sociales, porque acceder al suministro es un derecho humano esencial para las familias trabajadoras. También es preciso rechazar el DNU 302/24, que derogó el control de los precios de las telecomunicaciones, como la telefonía celular e internet, fundamentales para la vida personal y empresaria”, añadieron.

El aumento de los servicios: un potencial disparador de la inflación.
Del mismo modo, el pedido del Foro es que también en relación con los alimentos hay que desconectar los precios internos de los internacionales al sostener que la producción argentina cubre las necesidades de varias veces los 46 millones de personas que viven en el país. Y afirma: “se impone garantizar precios al alcance de todos y adoptar idéntica política para los insumos de producción nacional”.

“Es preciso adoptar medidas para evitar la fuga de capitales al exterior, que forma parte del modus operandi de los sectores dominantes durante los últimos 50 años. El Gobierno hace todo lo contrario, ya que promueve las exportaciones del sector primario y desprotege a la industria, lo que profundizará la caída del mercado interno. Javier Milei podría reducir el déficit público bajando las exenciones tributarias a segmentos injustamente privilegiados y combatiendo la evasión y elusión tributaria” señala el mismo texto.
El gobierno promueve las exportaciones del sector primario y desprotege a la industria
El Foro denuncia que el presidente Milei decidió hacer recaer el ajuste sobre los ingresos de los trabajadores, activos o jubilados porque “su objetivo es modificar la relación capital/trabajo y reducir la participación del salario en la riqueza nacional para responder a los requerimientos de la Asociación Empresaria Argentina, que coincide con el cogobierno del Fondo Monetario Internacional. Así, el país solo será una factoría colonial exportadora de recursos naturales. Es funcional a esos objetivos”.

El espacio -que coordina el dirigente bancario Eduardo Berrozpe- ratificó la necesidad de que la Cámara baja rechace el DNU 70/23 y que la Corte Suprema de Justicia “no rehúya la cuestión de fondo o desconozca que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo”.

“Es necesario diseñar la salida de esta encrucijada con un nuevo pacto social-federal basado en un plan nacional común a todos los sectores regionales del trabajo y la producción para revertir la destructiva ‘terapia de choque’, superar la dinámica del caos y responder a las necesidades impostergables del pueblo”, concluye el documento emitido por el Foro que, entre otros, integran Ricardo Aronskind, Juan Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli y, José Sbatella.