"La medida vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas" indicó la conducción de la central obrera. La CTA se sumó a las críticas y dijo que el protocolo "restringe la libertad de expresión".
La conducción de la CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, aseguró que "la Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho", y denunció que "el protocolo determinado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es una estrategia para criminalizar la protesta social" en la Argentina.
"La Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho. El protocolo difundido por Bullrich es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, luego de los anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo, implica vulnerar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y sindical", sostuvo la central obrera en un documento de prensa.
La CGT denunció ese protocolo de seguridad y aseveró que "la medida vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, un elemento esencial para la libertad sindical".
"Ese protocolo procura subordinar la acción de la justicia a las fuerzas policiales y de seguridad. Más allá de las evidentes reservas constitucionales de la medida, la central ratifica que los trabajadores siempre fueron los primeros en respetar la ley, porque saben que ello es la mejor garantía para que sus derechos sean respetados", afirmó.
"La Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho. El protocolo difundido por Bullrich es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social"
La conducción sindical puntualizó que "el respeto a la ley involucra a todos, es decir, a los ciudadanos y a las autoridades, que tienen que comprometerse de manera plena con la defensa de los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional".
Los dirigentes añadieron que "la vigencia del Estado de derecho es el contexto democrático para hallar soluciones reclamadas en un momento crítico del país, para lo cual es necesario más que nunca el diálogo", y ratificaron que "la consolidación de ese sistema de gobierno con justicia social es con más diálogo, democracia y paz social".
La CTA se suma al rechazo
La CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky rechazó también la resolución de Ministerio de Seguridad sobre la protesta social al considerar que esa normativa "restringe la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades".
"Utilizando el argumento de establecer un 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación' la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, introduce elementos peligrosos y violatorios del estado de derecho, como la autorización para realizar tareas de “inteligencia” sobre los dirigentes y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, o políticas, que organicen las protestas", señalaron desde la CTA de los Trabajadores en un comunicado.
Para la central, está claro que con esta iniciativa "se intenta amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste".
"Recordamos que la Constitución Nacional en su artículo 14, garantiza –entre otros derechos- que todos los habitantes de la Nación gocen del derecho a peticionar a las autoridades y que resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización", se sostuvo.
En ese sentido, se consignó que organizaciones como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) que representan a 333 organizaciones afiliadas en 162 países y a 180 millones de trabajadores y trabajadoras rechazaron la aplicación de este protocolo.
"Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata derogación del protocolo, rechazamos cualquier intento de cercenar los derechos de las y los ciudadanos a peticionar ante las autoridades. Este anuncio de la ministra de Seguridad deja en evidencia la determinación de criminalizar la protesta social", remarcaron desde la CTA de los Trabajadores.
