En una audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso Natalia Rivera acusó a un varón, E.O.A, por privar de la libertad y golpear a una mujer en Chos Malal. La fiscalía le imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves doblemente agravadas (artículos 92 en función del 89, inciso uno 1 y 11 del artículo 80, 183 y 142 inciso uno, primer supuesto, e inciso dos y cuarto supuesto, 55 y 45 del Código Penal).

Como medida cautelar y a los fines de resguardar la integridad de la mujer y su familia, la fiscal del caso solicitó la prisión preventiva por el plazo de tres meses. “Es la única medida de coerción suficiente para asegurar los fines del proceso. Con las evidencias mencionadas podemos concluir que existen elementos de convicción, para sostener y considerar que el delito se cometió y que el imputado es autor”, indicó.

La teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal es el hecho que ocurrió el pasado 7 de diciembre a las 22, en un paraje cercano a la localidad de Chos Malal, cuando el imputado y su pareja regresaban a su casa luego de visitar a familiares. En el trayecto, ambos comenzaron a discutir y E.O.A golpeó a la víctima con sus manos y luego con una herramienta que se utiliza para arrear ganado. Al llegar a la vivienda, la mujer le advirtió que llamaría a la policía, él comenzó a golpearla en la cabeza y se paró en la puerta para evitar que saliera. La víctima logró sortearlo y escapó a la casa de sus padres, ubicada a unos 20 metros. Hasta allí la siguió el imputado, que al llegar al lugar mantuvo una discusión con el padre de su pareja, “teniendo consigo el imputado el arreador en su mano con el que lanzaba azotes al piso”, relató la fiscal. Al ver eso, la mujer salió de la vivienda, donde fue nuevamente golpeada por el acusado, por lo que volvió a ingresar a la casa para llamar pedir auxilio a la policía, aprovechando que allí tenía señal. Finalmente, para evitar el llamado, el imputado dañó uno de los vidrios de la vivienda.

El juez de garantías a cargo de la audiencia tuvo por formalizada la acusación y fijó un plazo de investigación de tres meses. Además, el magistrado dispuso la prisión preventiva del imputado por el término de un mes.