Un nuevo golpe al narcomenudeo se concretó en la provincia de Neuquén tras una exhaustiva investigación judicial que culminó con la formulación de cargos contra una pareja acusada de liderar una red de comercialización de estupefacientes bajo dos modalidades simultáneas: puntos de venta fijos y distribución a domicilio mediante la modalidad delivery.

La audiencia de formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal del caso Paula Yerfino, quien detalló los hechos y le atribuyó a los imputados, identificados como B. A. J. y A. C. H. Q., el delito de comercio de drogas agravado por la intervención de tres o más personas en calidad de coautores, contemplado en la Ley veintitrés mil setecientos treinta y siete.

De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal junto a fuerzas provinciales, las maniobras ilícitas se detectaron a lo largo del año. El esquema operaba desde una vivienda ubicada en el barrio El Trébol, donde la organización utilizaba a terceros para la custodia de la mercancía y la recaudación del dinero, y se complementaba con una red de entregas rápidas en la vía pública utilizando un automóvil marca Peugeot para coordinar los encuentros y los pagos.

El avance de la causa permitió concretar sucesivos allanamientos. En el domicilio del barrio El Trébol los efectivos secuestraron más de cuatrocientos gramos de marihuana, dosis de cocaína y balanzas digitales. Posteriormente, en otro operativo realizado en la vivienda particular de los sospechosos, se incautaron doscientos cincuenta gramos de cocaína de máxima pureza fraccionada para la venta, clorhidrato de cannabis, ciento cuarenta mil pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, elementos de corte y una réplica de arma de fuego.

Un punto clave de la investigación fue el análisis financiero realizado sobre las cuentas de las plataformas de pagos virtuales de los imputados, donde se detectaron acreditaciones superiores a los cuarenta y tres millones de pesos vinculadas directamente con la venta ilegal de sustancias.

Al evaluar los riesgos procesales, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por cuatro meses para el imputado varón con el fin de garantizar el avance de la investigación y evitar riesgos de fuga, mientras que para la mujer requirió medidas cautelares alternativas, consistentes en presentaciones periódicas semanales en sede policial y la prohibición absoluta de acercamiento a los testigos de la causa.

El juez de garantías Juan Manuel Kees respaldó los argumentos de la acusación, tuvo por formulados los cargos penales y dictó la prisión preventiva por el plazo requerido para el principal sospechoso, disponiendo además restricciones de acercamiento e impedimentos de ingreso al inmueble operativo para la coacusada, mientras corre el período de investigación preparatoria.