La causa que involucra al funcionario Miguel Ángel Blanco García Ordás volvió a la órbita de la alzada penal. El expediente acumula idas y vueltas con dos sobreseimientos previa anulación por falta de perspectiva de género y un procesamiento revocado.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá expedirse nuevamente sobre la situación procesal de Miguel Ángel Blanco García Ordás, titular de la Fiscalía Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. El representante del Ministerio Público fue denunciado por una expromotora y jefa de despacho por episodios de acoso laboral y abuso sexual.
Los hechos denunciados y el contexto laboral
La presentación judicial fue interpuesta en 2017 por la exempleada, quien detalló ante los tribunales una serie de conductas inapropiadas en el ámbito laboral. La acusación comprende acorralamientos físicos, contacto físico no consentido en zonas comunes como la cocina de la dependencia y comentarios de connotación sexual.
Asimismo, la querella incorporó al expediente elementos documentales como tarjetas con dedicatorias sugestivas, exhibición de material explícito y presiones asociadas a la carrera administrativa de la agente, condicionando probables ascensos a favores personales. La defensa del funcionario rechazó las imputaciones atribuyendo las manifestaciones estrictamente a criterios de evaluación laboral.
El itinerario judicial del expediente
El caso ha transitado por diversas instancias y giros procesales desde su inicio:
Julio y noviembre de 2020: El magistrado de grado y posteriormente la Sala II de la Cámara Federal de San Martín dictaron el sobreseimiento del acusado.
Agosto de 2022: Casación Penal revocó esa desestimación al considerar que la valoración de la prueba no había respetado las normativas ni los tratados internacionales sobre violencia de género.
Septiembre de 2024: Con el avance de la instrucción, el juez a cargo dictó el procesamiento de García Ordás por abuso sexual y le fijó un embargo de $1,5 millones.
Diciembre de 2024: La Cámara de San Martín volvió a intervenir, anuló el procesamiento y sobreseyó al fiscal por segunda oportunidad al poner en duda la viabilidad de los hechos en un espacio de trabajo concurrido.
Frente a este último fallo, la representación de la víctima recurrió nuevamente a la máxima instancia penal de la Nación, cuestionando que la alzada reincidiera en argumentos ya objetados en 2022. La resolución final quedó en manos de Casación Penal.
