Una profesora denunció que un alumno accedió a su correo electrónico institucional en una computadora de la sala de informática. Las imágenes y videos privados terminaron circulando por grupos de WhatsApp de varias escuelas.

SAN MARTÍN, MENDOZA. La Justicia mendocina inició una causa penal tras la filtración no consentida de fotografías y un video de carácter privado pertenecientes a una educadora de la Escuela Técnica N.º 4-120 General José de San Martín. El hecho ha causado conmoción en la comunidad educativa local por la rápida propagación del material en teléfonos celulares de adolescentes de la zona.
Acceso a la cuenta y difusión masiva

Según los primeros avances de la pesquisa, el origen del incidente se remonta a una jornada institucional del pasado 21 de septiembre. En esa fecha, el cuerpo docente utilizó los equipos informáticos del establecimiento para tareas pedagógicas. En ese marco, la educadora inició sesión en su correo personal y, al retirarse, habría quedado el acceso abierto en el dispositivo compartido.

Días después, un estudiante descubrió la sesión activa, ingresó al almacenamiento en la nube asociado y extrajo los archivos privados. El material comenzó a circular de manera inicial en chats grupales reducidos y, en cuestión de días, se masificó hacia alumnos de distintos cursos e incluso llegó a estudiantes de otros colegios del departamento de San Martín.

Las autoridades judiciales remarcaron que el haber dejado una cuenta abierta en un equipo de uso público no autoriza legalmente a terceros a revisar, descargar ni viralizar la información privada de una persona.
Intervención de la Justicia y del Fuero Penal Juvenil

Tras la radicación formal de la denuncia ante la Oficina Fiscal, el expediente fue derivado a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. Debido a que el principal señalado por el acceso y la primera filtración es un menor de edad, las actuaciones quedaron bajo la órbita del Fuero Penal Juvenil.

Los peritos informáticos trabajan en el rastreo de los dispositivos y conversaciones para determinar la ruta del primer reenvío y deslindar las responsabilidades penales de quienes participaron en la descarga y distribución.

En el plano educativo, la Dirección General de Escuelas de Mendoza activó a los equipos de resolución de conflictos para abordar la situación en el colegio, en un contexto donde aún no se han oficializado medidas disciplinarias ni imputaciones judiciales firmes.