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La justicia porteña confirmó la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga al empresario Marcelo Porcel por al menos diez hechos de presunto abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil.

Los aberrantes episodios denunciados se habrían perpetrado de manera sistemática entre 2022 y 2023, teniendo como víctimas a menores de 13 años que compartían vínculos de amistad y escolaridad con los hijos del acusado. En las últimas horas, el juez Carlos Bruniard adoptó resoluciones clave al rechazar de plano los planteos de nulidad interpuestos por la defensa técnica.

De este modo, el magistrado convalidó la validez probatoria de las declaraciones obtenidas a través de Cámara Gesell y avaló el requerimiento formulado tanto por la fiscalía a cargo de Pablo Turano como por el abogado querellante Pablo Gianotti, representante legal de las familias damnificadas.


Inmuebles investigados, rechazo al juicio por jurados y medidas cautelares


De acuerdo con la pieza acusatoria, los abusos se consumaron en diferentes locaciones de alto poder adquisitivo, incluyendo un departamento situado en el barrio de Palermo, otro inmueble perteneciente a la madre del imputado en Puerto Madero y una residencia familiar ubicada en Londres.

Asimismo, la investigación contempla graves agravantes derivados de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, la situación de confianza generada por el entorno familiar y la prolongada reiteración de los ataques en el tiempo.

Pese a la gravedad de los cargos que enfrentará en el debate, Porcel continuará en libertad durante el transcurso del proceso judicial, aunque sometido a estrictas pautas de conducta que incluyen monitoreo en tiempo real supervisado por la comisaría jurisdiccional.

Por otra parte, el magistrado desestimó la pretensión de la defensa de someter el caso a un juicio por jurados populares, estableciendo que la deliberación y sentencia recaerán sobre un tribunal técnico integrado por tres jueces profesionales. Con la instrucción clausurada, las partes aguardan la fijación de la fecha para el inicio de las audiencias de debate.