La fiscal del caso Lorena Juárez consiguió que se dicten diez días de prisión preventiva para una mujer identificada como M.B.C., quien se encontraba prófuga desde hacía más de un mes en el marco de una investigación por el homicidio de su pareja, cometido en la ciudad de Neuquén.
La imputada había violado las pautas de conducta impuestas por la justicia y permanecía con orden de captura desde mediados de agosto. El trágico episodio se desencadenó el pasado 21 de junio, cuando, en medio de una violenta discusión en el hogar familiar, la acusada agredió a la víctima golpeándole la cabeza con un destornillador.
El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico de tal magnitud que falleció pocas horas más tarde en un centro asistencial. Si bien la fiscalía formuló cargos iniciales bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo, la jueza de garantías interviniente encuadró provisoriamente el hecho como homicidio preterintencional ante dudas sobre el dolo y el elemento empleado. No obstante, el Ministerio Público Fiscal adelantó que pedirá recaratular la causa como homicidio agravado con circunstancias extraordinarias de atenuación a medida que se incorporen nuevas pruebas.
Captura, hostigamiento digital y continuidad de la investigación
Tras ser imputada en junio, la mujer cumplió inicialmente con los comparendos semanales en la fiscalía, pero a partir del 7 de agosto cortó todo contacto y abandonó el domicilio declarado. Paralelamente, la investigación determinó que la acusada violó en tres oportunidades la prohibición de acercamiento al intentar comunicarse a través de la red social Instagram con una hermana de la víctima, cuyos mensajes fueron incorporados como evidencia.
Ante este escenario, la División Recaptura de la Policía provincial desplegó un operativo que permitió dar con su paradero y detenerla el pasado 25 de septiembre.
Durante la audiencia realizada para resolver su situación procesal, la fiscal Juárez remarcó que la conducta de la imputada sólo buscó obstruir el avance de la causa. La defensa no formuló oposición al pedido fiscal, por lo que la jueza de garantías Carina Álvarez levantó el estado de rebeldía, dispuso los diez días de prisión preventiva para cautelar el proceso y prorrogó el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el próximo 5 de diciembre de 2026.
