
En un fallo que generó una fuerte conmoción y abrió un profundo debate judicial, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dispuso el sobreseimiento y la libertad inmediata de Ramón Ángel Abregú, quien había sido condenado a 20 años de prisión por el brutal asesinato de su esposa embarazada, Eva Azulina Falcón, cometido en el año 2000 en Río Grande.
La mayoría de los magistrados consideró que los plazos legales se extinguieron durante los más de veinte años que el femicida permaneció prófugo de la ley. La resolución, dictada en el expediente 2073/2026 STJ-SP, determinó el cese inmediato del arresto que el acusado, hoy de 74 años, cumplía desde octubre de 2023, fecha en la que se entregó voluntariamente tras permanecer oculto en el norte del país.
De acuerdo con el análisis del tribunal superior, durante el extenso período transcurrido desde la confirmación de la sentencia hasta su presentación no existieron actos procesales con la entidad suficiente para interrumpir el plazo de prescripción, criterio respaldado en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El crimen de Eva Falcón y una fuga que duró dos décadas
El trágico episodio ocurrió el 23 de enero de 2000, cuando Abregú atacó a balazos a su pareja, Eva Azulina Falcón, quien se encontraba cursando un embarazo de siete meses y estaba distanciada de él. Tras interceptarla inicialmente, la víctima logró escapar hacia un centro de salud de Río Grande, donde fue nuevamente alcanzada y ultimada a tiros junto al bebé que gestaba.
En septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Juicio en lo Criminal le impuso una pena de 20 años de prisión por homicidio simple en concurso ideal con aborto preterintencional y tenencia de arma de guerra. Sin embargo, el 15 de febrero de 2001, a pocos meses de haber sido condenado y mientras el máximo tribunal analizaba su recurso de casación, Abregú protagonizó una escandalosa fuga de una penitenciaría precaria en el barrio Margen Sur.
Desde entonces, eludió el accionar policial ocultándose en zonas rurales del norte argentino hasta que, desprovisto de documentación y tras dos décadas de clandestinidad, se presentó en los tribunales fueguinos en octubre de 2023. Su liberación final deja sin cumplimiento efectivo una condena histórica para la provincia, a pesar de la férrea oposición inicial del fiscal mayor Martín Bramatti, quien había exigido que la condición de prófugo impidiera la prescripción de la pena.
