Lo que debía constituir una jornada pedagógica y recreativa especial para conmemorar el Día del Estudiante junto a las personas privadas de la libertad se transformó en un grave conflicto institucional en el Servicio Penitenciario N°5 de Senillosa.
Un grupo de aproximadamente treinta trabajadores de la educación que ingresaba al complejo para compartir un refrigerio denunció haber sido víctima de malos tratos, agresiones verbales, procedimientos arbitrarios e intimidaciones por parte del personal de seguridad encargado de los controles de rutina. El episodio derivó en una crisis de angustia y un crítico pico de presión arterial en una de las docentes, quien debió ser evacuada e internada de urgencia en el hospital local.
Como consecuencia directa de la situación, el gremio ATEN dictaminó la suspensión temporal de todas las actividades pedagógicas dentro del penal hasta que se concrete una mesa de diálogo interinstitucional que garantice la elaboración y estricto cumplimiento de un nuevo protocolo de seguridad y trato digno.
La cronología del conflicto: alimentos manipulados y controles hostiles
De acuerdo con el relato de Adriana Gómez, una educadora con 23 años de trayectoria —dos de ellos desempeñándose en la Escuela Primaria de Adultos (EPA) N°15 que funciona dentro del establecimiento carcelario—, la actividad había sido planificada y coordinada con la debida anticipación.
Las autoridades directivas de la institución educativa habían presentado formalmente una nota para solicitar al jefe del servicio penitenciario la autorización correspondiente para el ingreso de alimentos, específicamente pizzas y budines destinados a compartir con los alumnos. Sin embargo, desde el momento en que el contingente docente comenzó a ingresar de manera desdoblada por los puestos de control, advirtieron un clima hostil y un trato completamente alejado del habitual.
Según denunciaron, los agentes de seguridad comenzaron a gritarles y a impartir órdenes de forma prepotente. Si bien las trabajadoras comprendían la necesidad de someterse a revisiones de rutina y de cotejar los elementos con el listado autorizado, cuestionaron severamente la manipulación inapropiada de la comida, la cual fue abierta de manera brusca y con utensilios sin guantes, vulnerando las normas básicas de salubridad.
El uso del bodycam, retención arbitraria y crisis de salud
La situación escaló en gravedad cuando llegó el turno de pasar por el escáner corporal (*bodycam*), un dispositivo tecnológico que —según señalaron las docentes— hacía tiempo no se utilizaba en los ingresos del personal civil. Gómez detalló que, al ser su primera vez frente al aparato, recibió indicaciones confusas y despectivas sobre cómo colocarse.
Tras finalizar el escaneo, la docente permaneció de pie esperando la autorización para retirarse, momento en el cual una agente le ordenó de mala manera que se sentara en un sector apartado sin brindarle ningún tipo de explicación. Al percatarse de que el resto de sus compañeros continuaba avanzando hacia el interior del penal y que las puertas principales permanecían herméticamente cerradas por decisión del personal de custodia, la maestra comenzó a sufrir un fuerte ataque de pánico.
Ante la imposibilidad de salir por sus propios medios y la retención prolongada sin motivos fundamentados, debió intervenir la cúpula jerárquica del penal. Tras una serie de reclamos por parte del cuerpo docente reunido en el exterior, los directivos penitenciarios se presentaron en el lugar, reconocieron que el ingreso de la comida estaba autorizado y admitieron desconocer el accionar desmedido del personal subalterno a cargo de la requisa, formulando disculpas formales.
No obstante, el daño físico y emocional ya se había consumado. Al retirarse del complejo penitenciario, Gómez comenzó a experimentar mareos y un marcado malestar general, por lo que debió ser trasladada por sus propios medios al hospital de Senillosa. En el centro de salud, los profesionales de guardia constataron que presentaba un cuadro de crisis nerviosa, angustia aguda y una presión arterial de 19.3, motivo por el cual le prescribieron reposo médico estricto por el resto de la semana y contención interdisciplinaria por parte del equipo psicosocial.
Repudio de ATEN y exigencias de intervención ministerial
Tras tomar conocimiento de los hechos, la seccional local de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) emitió un enfático comunicado de solidaridad con las educadoras de la EPA N°15 y calificó lo sucedido como un inadmisible hecho de violencia institucional. El gremio remarcó que las docentes cumplían con todas las normativas formales y cuestionó duramente la vulneración de los acuerdos preestablecidos de comunicación y convivencia institucional.
Ante este panorama, las asambleas docentes resolvieron la "suspensión total de las actividades pedagógicas" en el complejo hasta tanto se lleve adelante una reunión formal de carácter resolutivo entre los supervisores del Consejo Provincial de Educación (CPE), la dirección de la modalidad carcelaria, las jefaturas del servicio penitenciario y los representantes gremiales. Asimismo, desde el sindicato exigieron la urgente intervención de la ministra de Educación, Soledad Martínez, para garantizar la integridad psicofísica de quienes ejercen la docencia en contextos de encierro. Las trabajadoras enfatizaron que su labor pedagógica busca restituir derechos y brindar herramientas de formación a personas que atraviesan procesos judiciales, subrayando que es imperativo contar con pautas claras, respeto mutuo y garantías de seguridad para poder dictar clases en condiciones dignas.
