El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia del Neuquén alcanzó la condena de Eliseo Esteban Díaz tras haber amedrentado y amenazado con un cuchillo de cintura al presidente de la comisión de fomento de la localidad de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante. La sanción penal se estableció mediante un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila, el cual contó con la conformidad de la defensora Laura Plaza y de la abogada querellante Lorena Miani en representación del funcionario agredido. De este modo, la causa judicial se resolvió de forma expeditiva a una semana de ocurrido el hecho, bajo la calificación legal de coacción agravada por el uso de arma.
El fallo homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional sujeta a estrictas pautas de conducta. Durante dicho plazo, Díaz deberá fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada y abstenerse de realizar actos de perturbación, hostigamiento o contacto por cualquier vía hacia la víctima y su entorno familiar. Ante las características geográficas y la reducida escala poblacional de la comuna, el magistrado enfatizó al condenado que, en caso de un cruce fortuito en la vía pública, tendrá la obligación de retirarse del lugar para evitar la conversión de la condena a prisión efectiva.
Secuencia del ataque, exigencias al funcionario y prueba audiovisual
Las circunstancias del hecho juzgado y los elementos probatorios comprenden los siguientes aspectos:
Origen del conflicto y agresión: El episodio ocurrió el pasado 11 de septiembre en el establecimiento "El Parador", situado sobre la Ruta Provincial 23 y las márgenes del río Aluminé. Díaz abordó al presidente de la comisión de fomento para exigirle el préstamo de un camión oficial; ante la indicación de Infante de encauzar la solicitud mediante nota formal, el imputado profirió insultos, forcejeó y extrajo un arma blanca mientras amenazaba con matarlo.
Intervención y registro en video: La pareja del jefe comunal intervino físicamente para frenar el ataque con el cuchillo, mientras una segunda mujer presente en el local registró la agresión con un teléfono celular. El archivo fílmico constituyó la evidencia central presentada por la fiscalía para sostener la acusación.
