Un severo escándalo de corrupción institucional e infiltración del narcotráfico conmociona a la provincia del Chaco tras el avance de la causa judicial encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió penas de hasta 15 años de prisión para ocho efectivos pertenecientes a la Policía de Chaco, acusados de sustraer cargamentos de cocaína que se encontraban bajo su custodia y cuya única finalidad oficial era ser destruidos e incinerados en cumplimiento de órdenes judiciales.

La maniobra delictiva fue desarticulada a partir de una investigación que combinó controles de inventario con escuchas telefónicas directas e intercepciones de mensajería instantánea. De acuerdo con las actuaciones instruidas en el fuero federal, los imputados —integrantes de la División Operaciones Metropolitanas— aprovechaban sus funciones operativas en la logística, traslado y resguardo de las sustancias secuestradas en diversos procedimientos para apoderarse de al menos 10 kilogramos de cocaína de máxima pureza. El objetivo final de la red era reingresar la droga al circuito ilegal para su posterior comercialización.

Los diálogos obtenidos por los investigadores exponen la soltura y la planificación con la que actuaban los agentes antes de cada procedimiento oficial. En uno de los intercambios vía WhatsApp incorporados como prueba clave al expediente, dos de los uniformados coordinaban la maniobra de extracción previa a la destrucción del material:

— “Mañana tenemos la quema, capaz rescate algo. ¿Vos tenés el conecte para que se vaya rápido?”, consultaba uno de los policías.

— “Al toque, al toque, al toque, al toque. Un pasamanos de una”, le respondían desde el otro lado de la línea para asegurar la venta rápida del estupefaciente.

La complicidad y el interés económico detrás de la sustracción quedaron marcados en otra de las intervenciones telefónicas que terminaron de comprometer la situación procesal de los implicados. En esa conversación, los agentes negociaban directamente los volúmenes a sustraer considerando las marcas de origen de los ladrillos de droga:

— “¿Vos estás en la quema del merengue? Rascale algo, pa zafa”, le solicitaba un efectivo a su compañero de armas.

— “Sí ¿por? ¿Querés un poco?”, obtenía como respuesta.

— “Te hablo al privado. Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas. Fijate que el coso sea blanco nomá, y que tenga el delfincito arriba”, especificaba en referencia a las marcas de compactación del cargamento.

Ante la contundencia del material probatorio, el fiscal Sabadini encuadró la conducta de los implicados bajo la figura de tráfico de estupefacientes agravado por la calidad de funcionarios públicos encargados de la prevención y custodia de los delitos. En su dictamen, la fiscalía remarcó que no se trató de un episodio aislado, sino de una estructura montada para desviar cargamentos judiciales hacia el mercado clandestino.

La causa derivó en el apartamiento preventivo de la fuerza de la totalidad de los imputados y abrió una revisión integral de los protocolos de seguridad sobre la guarda, pesaje, transporte y quema de sustancias decomisadas en la jurisdicción. El expediente se encamina ahora a la fijación de la fecha para el inicio del juicio oral y público.