El Ministerio Público Fiscal tendrá 90 días para definir una postura en una investigación por presunta administración fraudulenta vinculada con la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos.
Así lo resolvió un juez de garantías durante una audiencia realizada hoy, a partir de un planteo de la defensa de una de las personas bajo investigación, que había solicitado que se estableciera un plazo para que la fiscalía definiera si correspondía archivar el legajo o avanzar con una formulación de cargos, entre las alternativas previstas por el Código Procesal Penal.
Investigación en etapa preliminar
La investigación está orientada a determinar si existieron irregularidades en la administración de los fondos de la mutual y si esas maniobras podrían constituir el delito de administración fraudulenta. El análisis comprende, entre otros elementos, movimientos de ingresos y egresos de la entidad y determinados pagos realizados a proveedores, a partir de información contable y bancaria incorporada al legajo.
Parte de la documentación está siendo analizada por Gendarmería Nacional y cinco dispositivos ingresaron al circuito de análisis el pasado 10 de agosto. La fiscal señaló que, en estas condiciones, todavía no es posible adoptar una decisión, porque resta incorporar y evaluar información relevante para la investigación.
La fiscal del caso Rocío Rivero explicó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que todavía resta analizar una importante cantidad de información. Precisó que, luego de una serie de allanamientos realizados en enero, fueron secuestrados documentación y dispositivos electrónicos que actualmente son objeto de pericias.
El plazo fijado por el juez
Ante pedidos de las defensas, el juez de garantías Raúl Aufranc consideró que, si bien la investigación presenta una complejidad que requiere contemplar el análisis de documentación y dispositivos electrónicos, ya transcurrió el plazo legal inicial de la investigación preliminar.
Por ese motivo, entendió razonable establecer un plazo judicial de 90 días, durante el cual la Fiscalía deberá adoptar alguna de las decisiones previstas en el artículo 131 del Código Procesal Penal.
La querella continuará en la investigación
Durante la audiencia también se resolvió el planteo de la defensa para excluir a la querella. El juez rechazó el pedido y sostuvo que, en esta etapa, resulta prematuro definir de manera definitiva la condición de víctima de las personas representadas por esa parte.
La resolución señaló que esa situación podrá ser evaluada con mayores elementos si eventualmente se formaliza la investigación.
Devolución de documentación personal
Por otra parte, el juez ordenó la devolución de documentación personal secuestrada durante los allanamientos, entre ella partidas del Registro Civil y pasaportes.
Para concretar la medida estableció un plazo de 15 días, a fin de determinar dónde se encuentra esa documentación y ponerla a disposición de quienes corresponda.
