La Justicia federal de Córdoba dictó el procesamiento y fijó un embargo de diez millones de pesos contra Jésica Soledad González (37), una guardiacárcel del penal de mujeres de Bouwer imputada por el delito de severidades en perjuicio de dos detenidas.

La resolución fue adoptada por el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, a partir de la investigación llevada adelante por el fiscal Carlos Casas Nóblega.

El hecho investigado ocurrió en abril de 2025, tras un disturbio registrado en el anexo A del establecimiento penitenciario. De acuerdo con la reconstrucción judicial, la agente ordenó trasladar a dos internas al consultorio de la enfermería —un sector que carecía de cámaras de videovigilancia— donde las habría agredido físicamente, tirado del cabello y forzado a mantener posturas dolorosas mientras permanecían precintadas, omitiendo además asentar el procedimiento en el libro de novedades.

La prueba determinante en el expediente surgió del peritaje realizado sobre el teléfono celular de la propia acusada. En los chats analizados por los investigadores, González admitió la agresión ante una persona allegada mediante mensajes en los que expresaba haber golpeado a las detenidas y justificaba su accionar, lo que para la fiscalía confirmó la intencionalidad de ocultar la violencia institucional ejercida contra las personas bajo su custodia.