La Justicia de Junín determinó la responsabilidad solidaria de ambas firmas tras la sustracción de más de 19 millones de pesos. El fallo consideró que existieron fallas de seguridad tanto en la gestión de la línea como en la detección de transferencias sospechosas.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín ratificó la sentencia de primera instancia que obliga a la empresa Movistar y al Banco Galicia a reparar económicamente a una usuaria que sufrió el vaciamiento de sus cuentas mediante la modalidad delictiva conocida como SIM swapping.
El episodio se desencadenó el 26 de septiembre de 2024, cuando personas desconocidas gestionaron el reemplazo del chip correspondiente a la línea de la víctima a través de un canal de autogestión. Tras concretar el trámite, el dispositivo de la titular perdió conectividad, mientras que los estafadores tomaron el control del número telefónico.
Con el dominio de la línea, los delincuentes interceptaron los códigos de validación enviados por la entidad bancaria, lo que les permitió acceder a la plataforma financiera y realizar siete transferencias consecutivas por un monto global de 19.200.000 pesos en un breve lapso.
Responsabilidad compartida de los prestadores
Al ratificar la decisión del Juzgado de Primera Instancia N° 3, la magistrada Daniela Karina Ragazzini y el tribunal de alzada fundamentaron el fallo en la omisión de los deberes de seguridad que competen a ambas compañías.
En relación con la firma de telecomunicaciones, la resolución señaló que los mecanismos de verificación empleados en el sistema de autogestión resultaron insuficientes para corroborar la identidad del solicitante, facilitando la suplantación.
Respecto a la entidad bancaria, la Cámara sostuvo que los sistemas de prevención debieron emitir alertas ante una seguidilla de operaciones de elevado monto que diferían de la operatoria habitual de la clienta, requiriendo validaciones adicionales antes de autorizar los giros de dinero.
Resarcimiento y montos fijados
La medida judicial estableció que ambas empresas deberán responder de manera solidaria mediante el pago de:
La restitución de los 19.200.000 pesos sustraídos.
El pago de 5.760.000 pesos en concepto de daño moral.
Una sanción por daño punitivo equivalente al valor de cuatro Canastas Básicas Totales para un Hogar Tipo 3.
A dichas sumas se les añadirán los intereses correspondientes calculados hasta la fecha de su efectivo pago.
