El máximo tribunal del país dio por concluido el debate legal al ratificar que tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como la administración nacional deberán responder económicamente ante los familiares de los estudiantes que perdieron la vida en el aula. Tras desestimar los últimos intentos de apelación de ambas esferas gubernamentales, los magistrados determinaron que una cadena de negligencias y omisiones estatales allanó el camino para que se desatara la peor tragedia escolar registrada en la región.

La resolución judicial pone el foco en las graves deficiencias de supervisión previas al ataque perpetrado por un alumno con el arma de su progenitor. Por una parte, se constató que las autoridades del establecimiento educativo ignoraron de forma sistemática múltiples indicadores de alerta sobre el estado emocional del menor, quien padecía el acoso constante de sus pares. A pesar de que el personal docente llegó a detectar comportamientos sumamente preocupantes, no se implementó ningún protocolo de contención ni de resguardo para el alumnado.

Por otra parte, la negligencia salpicó directamente a las fuerzas de seguridad. El revólver calibre 9 milímetros utilizado en la balacera pertenecía a la Prefectura Naval, ya que era el equipo oficial del padre del atacante. El tribunal consideró que existió una alarmante falta de custodia sobre este material letal, lo que permitió que un adolescente de 15 años tomara el dispositivo junto con munición pesada y lo trasladara al colegio sin despertar la más mínima sospecha.

Aquel fatídico inicio de jornada en la Escuela Media Nº 202, el 18 de septiembre de 2004, se transformó en un quiebre histórico para la comunidad. Apenas concluidos los momentos protocolares de la mañana, el joven abrió fuego de manera indiscriminada dentro de su salón de clases, terminando de inmediato con la vida de tres adolescentes y dejando a otros cinco con serias secuelas físicas y psicológicas. Debido al marco legal vigente sobre minoridad, el autor de los disparos fue considerado no punible por los tribunales especializados, lo que derivó en su internación en centros de salud mental en lugar de una prisión común.

Este dictamen de la Corte Suprema, que llega más de dos décadas después del doloroso suceso, no borra el trauma de la comunidad de Patagones pero sí consolida un reclamo histórico. Para el entorno de las víctimas, la sentencia representa una confirmación oficial e inapelable de que los organismos encargados de velar por la seguridad y el bienestar de los jóvenes en las aulas fallaron de manera severa en su obligación de protección.