El Gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación formal para cobrar los gastos de los operativos policiales ante falsas alarmas en escuelas. El monto exigido a una familia de la capital asciende a $6.024.944.

Lo que comenzó como una supuesta broma estudiantil terminó en una deuda millonaria para una familia de Santa Fe. Al recibir la notificación oficial por parte de la Policía, el padre del menor identificado como autor de una amenaza de bomba no ocultó su asombro con una frase que resume la gravedad de la sanción económica: “Cara la jodita”.
El inicio del recupero de fondos públicos

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que esta es la primera de una serie de intimaciones que buscan resarcir al Estado por los recursos movilizados. El monto de más de 6 millones de pesos responde al cálculo estricto de los costos de la intervención, que incluye el despliegue de patrulleros, el uso de combustible y el trabajo de brigadas especializadas en explosivos.

"No se trata de una multa ni de una pena, sino de una indemnización civil por los daños y gastos ocasionados a todos los santafesinos", aclaró el funcionario.

Un plan que busca recaudar 250 millones

Esta primera notificación es apenas la punta del iceberg. El Ministerio ya ha identificado a más de 70 personas involucradas en 58 hechos similares. Según las estimaciones oficiales:

Se espera recuperar un total inicial de 250 millones de pesos.

Los padres o tutores tienen un plazo de cinco días para pagar de forma voluntaria.

En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado queda habilitada para iniciar juicios que incluyen el embargo de sueldos o la inhibición de bienes.

Responsabilidad solidaria

La resolución establece que ambos padres son responsables solidarios de la deuda generada por el menor. Para las autoridades, este mecanismo administrativo es una herramienta clave para frenar la ola de amenazas que afectó el dictado de clases durante los últimos meses.

"Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos. Cada llamado al 911 moviliza un engranaje muy costoso que pagan los contribuyentes, y ahora, los responsables deberán hacerse cargo de la cuenta", concluyeron desde la cartera de Seguridad.