El fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya formularon cargos a una de las cinco personas que están bajo investigación por integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos, para quedarse con terrenos ubicados en el paraje El Rincón, en las inmediaciones de Villa La Angostura, y luego comercializarlos.

La investigación, que comenzó a fines de abril del año pasado tras una denuncia en el Ministerio Público Fiscal (MPF), es por un total de 15 hechos en los que en total se cobró dinero en efectivo y se firmaron pagarés por un monto conjunto de 190 mil dólares, aproximadamente. Entre los delitos investigados, figura el de asociación ilícita, extorsión de documento y dinero, estafas reiteradas, usurpaciones reiteradas, falsificación de documentos públicos reiteradas, turbación de la posesión reiterad y hurto.

La audiencia de formulación de cargos se realizó el pasado 9 de junio y ayer un Tribunal de Impugnación confirmó lo resuelto en dicha audiencia, al rechazar los planteos de uno de los abogados defensores.

De las cinco personas bajo investigación, a la formulación de cargos se presentaron cuatro: una no estuvo por problemas de salud que fueron certificados; dos más no pudieron ser acusadas porque si bien asistieron a la audiencia, el abogado que las defiende faltó sin justificación; y otra que estaba conectada desde provincia de Buenos Aires, se ausentó repentinamente por problemas técnicos mientras se desarrollaba.

En forma previa a esa audiencia de formulación de cargos, y ante diversas suspensiones que se registraron en el desarrollo de la investigación, el MPF había requerido la sanción de otro de los abogados de los investigados y que se declare en rebeldía a algunos de ellos.

La persona que pudo ser imputada el lunes pasado es S.M.M: le atribuyeron los delitos de estafas reiteradas en concurso real, en calidad de partícipe; y ser miembro de una asociación ilícita destinada a cometer delitos. De los 15 hechos bajo investigación, S.M.M fue involucrado en seis.

En términos generales, la teoría del caso del MPF y con distintas participaciones de los sospechosos, es que entre junio de 2023 y agosto de 2024, S.M.M fue parte de una asociación delictiva para obtener de manera ilegítima los derechos sobre distintos terrenos ubicados en el paraje El Rincón, en las inmediaciones del Paso Internacional Samoré. Esto, con el objetivo de subdividirlos, urbanizarlos y comercializarlos de un modo fraudulento y para beneficio propio.

Para llevar adelante la maniobra, el acusado junto a las demás personas involucradas, simuló ser dueño de terrenos y los promocionó en Facebook, lo que indujo al error a los interesados que habían sido captados.

Según la investigación provisoria del MPF, algunas de las víctimas cedieron parcelas bajo intimación. Una de ellas, fue una mujer de más de 70 años que se encontraba en estado de vulnerabilidad, y que materializó las cesiones tras ser convocada al estudio de un abogado de Villa La Angostura.

Las parcelas, luego fueron ofrecidas en la red social y las personas interesadas las pagaron con dólares en efectivo.

El juez de garantías Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos respecto a S.M.M. Y por pedido del MPF, declaró el caso complejo, razón por la cual los plazos de investigación serán mayores: en principio, lo fijó en seis meses, y determinó que antes del vencimiento de ese lapso se realice una audiencia de seguimiento de la investigación.

Respecto a las otras personas involucradas, resolvió que la Oficina Judicial fije una audiencia para hacer la formulación en el corto plazo, que deberá ser de forma presencial.

Como medida de coerción, los representantes del MPF pidieron que se le imponga al acusado S.M.M, la prohibición de tener contacto por cualquier medio con las víctimas, lo cual fue avalado por el magistrado.