Luego de un trabajo previo impulsado por el equipo de la unidad fiscal de Delitos Económicos, la investigación por estafas con la administración de planes sociales de la Provincia llegará a juicio con las imputaciones más graves. En total, serán 15 personas imputadas, entre exfuncionarios y empleados del Poder Ejecutivo que están acusados de ocupar los niveles superiores de una asociación ilícita.
De acuerdo con el agendamiento de la Oficina Judicial, el juicio comenzará el 21 de julio, y se estima que se extienda, al menos, hasta la segunda semana de septiembre.
Las precisiones respecto de la duración del juicio, el tiempo que se dedicará a cada testimonio y otras demandas administrativas del proceso se están acordando en reuniones previas, en las que las partes aportan información. Por ejemplo, la fiscalía presentará 95 testigos, y se estiman entre 30 y 60 minutos por cada uno de ellos.
Acuerdos
El 12 de abril, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama homologó los últimos dos acuerdos de condena presentados por el Ministerio Público Fiscal. Comprendieron a Rodolfo López y a Adrián Meza Lizama. Se trata de la última tanda de acuerdos impulsados por la fiscalía para resolver antes del juicio la situación de aquellos imputados con participaciones de menor relevancia.
En total, las condenas previas al juicio alcanzaron a nueve personas:
1.Gustavo Roberto Mercado,
2.Aarón Escobar
3.Carolina Beatriz Hernández,
4.Pamela Alejandra Rivera,
5.Gesel Roxana Tarifeño
6.Pamela Alejandra Cea,
7.Rodolfo López y
8.Adrián Meza Lizama,
9.Omar Ulises Rodríguez Quezada
Todos aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra.
Las condenas fueron por 3 años de ejecución condicional y cumplimiento de reglas de conducta, además del pago de sumas de dinero a instituciones de bien público. En un caso se reparó la totalidad la suma reclamada, además de que la Fiscalía de Estado anticipó que avanzará en los reclamos correspondientes en el fuero Procesal Administrativo, más allá del resultado del juicio Penal.
Los que irán a juicio
La teoría del caso de la fiscalía es que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar). Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.
En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles:
-Colaboradores/as: L.M.G.; L.C.R.; J.O.; y J.A.
-Reclutador/a: I.M
-Recaudadores/as: V.N.H; A.K; y V.C.E.
-Beneficiados/as por la maniobra: A.A.C; y F.C.R
Respecto de los imputados y las imputadas incluidas en la acusación, el equipo integrado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Narvaez y las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, pretenderá penas superiores a los 3 años de prisión efectiva.
