La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) elevó al recinto el pliego de Diego Guido Ignacio Simonelli, postulante a defensor penal en Cutral Co. A la vez, en la reunión de esta mañana, el cuerpo que preside el diputado Maximiliano Caparroz (MPN) aprobó despacho para que la provincia adhiera a la ley nacional de promoción de la formación en enfermería, e hizo lo propio con la propuesta que instituye el 15 de septiembre como el Día Provincial de las escuelas evangélicas.

Durante la entrevista de rigor que la comisión les realiza a candidatos a funcionarios y magistrados judiciales, Simonelli se refirió a los casi diez años de implementación del Código Procesal Penal (CCP), ocasión en la que detalló una serie de “eventuales reformas” al marco normativo para mejorar el sistema procesal en materia penal.

En ese sentido, se refirió al debate sobre la modificación del juicio directo y advirtió que tal instituto “no ha funcionado”. Aseguró que hubo muy pocos casos de pedidos por parte de la Fiscalía y muy pocos en los que se arribó a un acuerdo con la Defensoría para su puesta en marcha. Deslizó que, de reformarse, “sería importante respetar la lógica y espíritu del Código que es: si no hay acuerdo de partes, decide un juez”. En ese sentido, pidió que se equilibre el poder punitivo del Estado con las garantías de la persona juzgada y comparó con otras jurisdicciones en las que, en el marco de un juicio directo, se establece un plazo mínimo de producción de prueba, de relevancia para la defensa porque esta “a veces tiene que ver con el hecho y otras con cuestiones vinculadas a la persona investigada que pueden explicar que no pudo actuar de otra manera”.

Entre otros posibles cambios al CCP, Simonelli se refirió a las mayorías requeridas para alcanzar un veredicto por parte del jurado popular–actualmente de ocho sobre doce-. En ese punto aseguró que “tender hacia la unanimidad fortalece la deliberación” y legitima el veredicto final, al tiempo que recordó que Neuquén es la única jurisdicción con dicha mayoría exigida.

Mencionó además la necesidad “urgente” de mejorar las prácticas por parte de operadores del sistema judicial tales como las fechas de audiencias en relación a las de realización del juicio, así como también la regulación sobre la admisibilidad de la prueba antes del juicio oral y la escasa posibilidad de recusación que tiene tanto la Fiscalía como la Defensa.
Durante la entrevista, Simonelli fue consultado por el reciente fallo de la Sala Penal del TSJ que declaró la inconstitucionalidad del artículo 87° del CCP, dejando sin efecto el plazo de investigación de tres años en causas penales. “En lo personal, no me gustó el fallo”, dijo tras remarcar que “afecta uno de los pilares del proceso penal” al establecer plazos perentorios.

En ese sentido, agregó que no sólo afecta a la garantía del plazo razonable para la acusación, sino también a la tutela judicial efectiva y a los derechos de la víctima a una respuesta judicial rápida. Cuestionó, además, que la decisión retomó la doctrina de la Corte Suprema en un caso que refería a una situación de plazos de investigación y no de la duración del proceso.

El pliego obtuvo despacho unánime y fue girado al recinto para su tratamiento en sesión.