La aerolínea de bajo costo Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores tras acumular pasivos por más de $4.000 millones, cifra que alcanza los $4.600 millones al computar intereses y ejecuciones judiciales. Paradójicamente, entre los mayores acreedores perjudicados figuran las empresas estatales Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo, las cuales continuaron prestando servicios de navegación y rampa a la compañía privada pese al cese sostenido de sus pagos.

El escenario genera un fuerte debate político y gremial, en momentos donde el Poder Ejecutivo impulsa la privatización de Intercargo —entidad estatal superavitaria que cuenta con 1.600 empleados directos y que financió operativamente a la low cost durante su debacle financiera.
Mássivas cancelaciones y un fuerte impacto social

A la severa crisis contable se le suma un grave deterioro en la prestación del servicio y el conflicto con el personal:

Pérdida de puestos de trabajo: Cerca de 1.000 empleados quedaron desvinculados de la empresa en los últimos meses mediante despidos o esquemas de retiros voluntarios. Los sindicatos denuncian haberes adeudados e incumplimientos en las indemnizaciones.

Pasajeros damnificados: Datos del sector señalan que la aerolínea canceló aproximadamente 2.400 vuelos en lo que va del año 2026, perjudicando a más de 383.000 usuarios y paralizando los reembolsos de pasajes desde el mes de enero.

Protestas en Aeroparque: Más de 700 extrabajadores llevaron adelante concentraciones en la terminal porteña reclamando por liquidaciones impagas y la aplicación de sanciones por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Sospechas por vínculos políticos y falta de controles

El caso reavivó los cuestionamientos sobre los mecanismos de fiscalización estatal debido a los lazos directos entre la conducción empresaria y referentes del oficialismo. El principal inversor de la compañía, Leonardo Scatturice (titular del grupo COC Global y de la firma OPC Tech, proveedora del Estado), es señalado por sus conexiones con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Ante este panorama, legisladores de la oposición y exdirectivos del sector aeronáutico exigieron explicaciones públicas al Ejecutivo sobre la falta de auditorías a la aerolínea y cuestionaron la decisión de rematar los activos de Intercargo mientras las arcas públicas absorben la deuda millonaria dejada por el sector privado