El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado al Parlamento por el Ministerio de Economía reactivó el debate entre bloques opositores y actores del sector privado tras detectarse la inclusión de un esquema de exenciones y ventajas impositivas dirigidas a empresas administradoras de la red vial nacional.

La iniciativa establece en su artículo 67 un marco de incentivos fiscales aplicable no solo a las futuras licitaciones de corredores viales, sino también a los operadores actuales que ejecuten ampliaciones de infraestructura. Esta condición despertó cuestionamientos en el sector industrial y corporativo, dado que altera de forma retroactiva las reglas de juego bajo las cuales se adjudicaron los pliegos originales.

Detalles del esquema fiscal propuesto:

Incentivos impositivos directos: Se faculta a las concesionarias a aplicar la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para bienes y obras de infraestructura, la devolución del IVA involucrado en las operaciones y el cómputo del 100 % del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (Impuesto al Cheque) a cuenta de Ganancias, IVA o aportes patronales.

Condicionamiento a las provincias: El texto invita a las jurisdicciones provinciales a eximir a las concesiones de los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos. A su vez, supedita el acceso de las empresas a las franquicias tributarias nacionales a que la provincia donde opera el trazado haya adherido formalmente a la norma.

Antecedentes del sector: La discusión se suma a la controversia previa generada por la adjudicación de los corredores de las rutas nacionales 12 y 14 a la firma Cartellone, una compañía con causas judiciales abiertas por presuntos pagos indebidos, a pesar de las normativas vigentes sobre integridad en la contratación pública.