En el marco de la reglamentación de la reforma laboral y el proceso de revisión de aproximadamente 800 convenios colectivos de trabajo que deben actualizarse antes de fin de año, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero, comenzó a evaluar la implementación de un esquema denominado «salario único por actividad».

La iniciativa oficial proyecta establecer un haber básico unificado para el conjunto de los trabajadores pertenecientes a una misma rama productiva o de servicios, desarticulando la obligatoriedad de los nomencladores tradicionales, los adicionales por especificidad y las categorías escalafonarias fijadas en las negociaciones colectivas de trabajo.

La propuesta busca acoplarse a las herramientas introducidas por la Ley de Modernización Laboral, la cual fomenta la aplicación de «salarios dinámicos». Bajo este formato, las empresas quedan facultadas para otorgar componentes retributivos adicionales, fijos o variables vinculados al rendimiento individual o a criterios unilaterales del empleador, sin que dichos montos generen derechos adquiridos, ultraactividad o continuidad tácita. De concretarse el mecanismo, los incrementos por sobre el piso salarial garantizado dejarán de formar parte de las grillas paritarias obligatorias y quedarán supeditados a las decisiones operativas de cada unidad productiva.

El planteo gubernamental generó un contundente y generalizado rechazo por parte de las representaciones sindicales, entre ellas la CTA Autónoma y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los referentes gremiales denunciaron que la unificación de los ingresos no busca garantizar un piso digno, sino imponer un nuevo techo salarial en un contexto signado por la inflación persistente y el incremento de las tarifas. Asimismo, señalaron que la eliminación de las escalas salariales genera un achatamiento de las pirámides escalafonarias, afectando los aportes a la seguridad social, el financiamiento del sistema de obras sociales y la proyección de los haberes jubilatorios.

Rechazo en el sector público, objeciones constitucionales y denuncias ante la OIT

Los fundamentos del rechazo sindical y las acciones legales proyectadas frente al avance del proyecto oficial abarcan los siguientes ejes centrales:

Intervención directa en los Convenios Colectivos: Representantes de la CTA Autónoma remarcaron que el valor de las categorías históricas radica en reconocer la capacitación y la especificidad de las tareas. Argumentaron que transformar las paritarias en una fijación de haberes planos constituye una intervención indebida del Estado para favorecer el arbitrio patronal.

Impacto en los trabajadores de la administración pública: Desde ATE rechazaron la extensión de esta lógica al empleo estatal, remarcando que cualquier limitación a la negociación paritaria vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y preceptos fundamentales de la Ley 24.185 de Negociación Colectiva para el sector público.

Reserva de acciones ante la OIT: Las organizaciones sindicales anticiparon que impulsarán medidas de fuerza y radicaran denuncias formales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la presunta violación de los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados por la República Argentina.