Un estudio elaborado por la Fundación Encuentro, en el marco de su línea de investigación en política energética, advierte que el precio de los combustibles registró un incremento acumulado del 558% desde la devaluación y liberalización del sector dispuestas a finales de 2023. De acuerdo con el relevamiento, el litro de nafta súper escaló de $311 a superar los $2.000, una evolución que se ubica sensiblemente por encima del aumento del 311% registrado por los salarios privados en el mismo lapso. Medido en moneda extranjera, el valor del combustible exhibió un encarecimiento de aproximadamente el 45% durante el último año.

La brecha entre la evolución de los ingresos y el valor del combustible se tradujo en una contracción concreta del poder de compra de los trabajadores. En noviembre de 2023, un salario promedio del sector privado permitía financiar el equivalente a 26,3 tanques de 50 litros, mientras que la capacidad de compra actual se redujo a 16,4 tanques, lo que representa una caída del 38%. El informe señala que este escenario contrasta con los balances del sector hidrocarburífero, donde YPF reportó en el segundo trimestre de 2026 el mayor resultado de su historia.

Asimismo, el trabajo cuestiona la metodología empleada para la fijación de los precios internos, señalando que los valores locales continúan alineados con criterios de importación a pesar de que la producción en Vaca Muerta creció un 47% en el último año y las refinerías operan a capacidad máxima. Según los analistas, el encarecimiento de los carburantes tiene un impacto transversal en la economía general, estimando que explica hasta 2,5 puntos de la inflación anual debido a su traslado directo a la cadena de fletes y al precio final de los alimentos.

Por último, el relevamiento analiza la ejecución de las partidas tributarias específicas destinadas a la infraestructura vial. De los 1,5 billones de pesos recaudados en los últimos dos años y medio mediante impuestos a los combustibles con destino por ley a obras de vialidad, se ejecutó efectivamente un 26%, en tanto el porcentaje restante permaneció colocado en instrumentos financieros del Estado. Desde la entidad argumentaron que los fondos no ejecutados habrían permitido intervenir para la mejora de entre 20 y 25 mil kilómetros de la red vial nacional, concluyendo con un reclamo de mayor transparencia en la formación de precios y la efectiva aplicación de las partidas presupuestarias.