A partir de este viernes, la administración de Donald Trump aplicará un gravamen directo del 10% como mínimo a las exportaciones provenientes de 60 países, entre los cuales se encuentra Argentina. La medida, oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), llega para sustituir un esquema impositivo previo que vence la misma jornada y se fundamenta en investigaciones vinculadas a la regulación del trabajo forzoso.

El paquete de aranceles alcanza a los socios que representan el 99,4% de las compras externas estadounidenses, afectando incluso a países que firmaron convenios de comercio recíproco con la Casa Blanca a comienzos de año.

La estrategia legal de la Casa Blanca tras el revés judicial

La implementación de estas nuevas tarifas responde a un cambio de estrategia de la administración estadounidense. Luego de que la Corte Suprema invalidara los aranceles generales impuestos a principios de año por considerarlos inconstitucionales —reservando esa facultad al Congreso—, el Ejecutivo optó por aplicar mecanismos de la Sección 301.

·Justificación técnica: El USTR dictaminó que las 60 economías alcanzadas incurren en faltas de control o aplicación efectiva respecto de la prohibición de bienes elaborados con trabajo forzado.

·Blindaje normativo: Al basarse en normativas laborales, ambientales o sanitarias, las sanciones impositivas resultan técnicamente más complejas de impugnar por parte de los países afectados o los propios importadores.

Esquema de alícuotas según la categoría del país

La resolución establece una escala de gravámenes diferenciada según el nivel de compromisos y normativas previas de cada nación.

Desde el organismo norteamericano señalaron que la medida busca proteger el empleo local y equilibrar la balanza comercial, ratificando el enfoque proteccionista impulsado por el mandatario estadounidense.