El plan de reducción estatal implementado por el Gobierno Nacional sumó un nuevo capítulo con la oficialización de una segunda nómina de desvinculaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). A través de la resolución que autoriza la adhesión al programa de retiros voluntarios, se confirmaron 380 nuevas bajas que involucran a profesionales, investigadores, técnicos y especialistas de alta calificación en el desarrollo agropecuario.
Con esta última actualización, la cifra total de agentes que abandonan el organismo descentralizado asciende a 757 empleados. Los reportes internos señalan que el proceso, coordinado operativamente por Juan Pablo Mansilla desde la gerencia estratégica de Personal, contempla la próxima publicación de un tercer listado que terminará de definir situaciones de revista aún bajo análisis, incrementando el número definitivo de despidos encubiertos.
El impacto productivo y los impulsores de la medida
La reestructuración del INTA es promovida activamente desde el Palacio de Hacienda por el ministro de Economía, Luis Caputo, en sintonía con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y con el aval del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
La preocupación central en el sector agroindustrial radica en la pérdida de capital humano irreemplazable. El achicamiento de la planta afecta de forma directa a áreas clave dedicadas a la transferencia de tecnología y conocimiento hacia los productores, tareas que van desde la confección de informes meteorológicos críticos y el desarrollo biotecnológico de semillas hasta el diseño de soluciones científicas frente a plagas agrícolas.
Los objetivos del plan oficial: reducción de personal y venta de campos
La estrategia de la administración libertaria respecto al INTA se sostiene sobre dos pilares fundamentales:
·Meta de dotación: El propósito gubernamental es alcanzar las 1.200 desvinculaciones, lo que representa una reducción drástica sobre una planta total que rondaba los 5.750 trabajadores a nivel federal.
·Liquidación inmobiliaria: De forma paralela a la reducción de personal, el Ejecutivo avanza en un plan para subastar casi la mitad de la superficie territorial que administra la institución científica.
Actualmente, el INTA dispone de un patrimonio de aproximadamente 101.500 hectáreas, repartidas en un centenar de predios a lo largo de todo el país.
Polémica por el estado de las tierras públicas
Desde los despachos oficiales argumentan que solo unas 54.000 hectáreas se encuentran bajo explotación real o asignadas a ensayos tecnológicos, mientras que las restantes 47.500 hectáreas estarían improductivas debido a problemas de accesibilidad, falta de inversión en infraestructura o litigios de tenencia, justificando así su salida a remate público.
Sin embargo, esta postura oficial fue desmentida por un relevamiento técnico de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Desde la entidad técnica especializada aseguraron que no existen tierras ociosas o en desuso dentro de la estructura del INTA, advirtiendo que el desprendimiento de esos campos debilita el patrimonio público y vulnera espacios destinados a la investigación científica de mediano y largo plazo.
