Con el objetivo de mapear la crítica situación financiera que atraviesan los hogares argentinos, el Poder Legislativo busca poner bajo la lupa el auge de los préstamos otorgados por plataformas virtuales y billeteras digitales. La iniciativa surge a raíz de los alarmantes índices de morosidad y las crecientes dificultades para afrontar los pagos de estos compromisos financieros de rápido acceso.
El pedido, canalizado mediante un proyecto de Comunicación impulsado por el legislador Guillermo Andrada junto a sus colegas de bancada Sandra Mendoza y Carolina Moisés, apunta a que la administración nacional —a través de la cartera económica, la autoridad monetaria (BCRA) y las agencias reguladoras correspondientes— confeccione un diagnóstico minucioso sobre cómo ha evolucionado el pasivo financiero familiar originado por fuera de la banca tradicional.
El trasfondo de la crisis: números en rojo
El pedido de informes se apoya en estadísticas que reflejan el nivel de ahogo financiero de los usuarios:
·Brecha de morosidad: Los registros de la autoridad monetaria indican que el retraso en los pagos del sector privado general ronda el 7%, pero al poner el foco exclusivamente en las finanzas familiares, el indicador trepa drásticamente al 11,5%, superando con creces la mora del sector corporativo.
·La alternativa fintech: Relevamientos del ámbito tecnológico y académico estiman que el ecosistema virtual provee financiamiento a más de 8 millones de usuarios, siendo la única vía de inserción financiera formal para más de 2 millones de personas.
·Tasas de incumplimiento: En este segmento digital, la falta de pago operativa ronda el 22,7%, mientras que los niveles de cesación de pagos globales ya superan el 30%.
El peligro del financiamiento de subsistencia
Los impulsores de la propuesta manifestaron su preocupación por el destino que se le da a estos fondos ágiles. Lejos de utilizarse para inversión o bienes durables, se observa que la ciudadanía recurre a estas herramientas para cubrir necesidades de la vida cotidiana, tales como la compra de provisiones básicas, cobertura médica, aranceles educativos, tarifas de servicios o vivienda, e incluso para saldar deudas anteriores. Esta dinámica suele atrapar a los usuarios en un bucle de refinanciaciones crónicas y sobreendeudamiento.
Desde la Cámara Alta aclararon que la intención no es obstruir el avance tecnológico ni poner trabas a las alternativas de financiamiento digital. Por el contrario, argumentan que contar con estadísticas fidedignas sobre las conductas de refinanciación y el uso de estos créditos para la subsistencia permitirá diseñar políticas de resguardo al consumidor y garantizar que la innovación en el sector se desarrolle sobre cimientos saludables para el bolsillo de la población.
