El Parlamento griego dio luz verde a un proyecto presentado por la administración de Kyriakos Mitsotakis. La norma traslada la responsabilidad del control a las grandes compañías tecnológicas mediante la verificación de edad, sin imponer sanciones a las familias.

En un movimiento sin precedentes dentro del ámbito regulatorio digital, Grecia aprobó una legislación que impedirá que los menores de 15 años accedan a las plataformas de redes sociales. La restricción, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2027, fue promovida por el primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis y aprobada gracias al respaldo de la mayoría oficialista en el Congreso.

Al fundamentar la iniciativa, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la influencia negativa que ejerce la conectividad constante en el bienestar físico y psicológico de los jóvenes. “Sé que a los padres les resulta difícil luchar por su cuenta contra algoritmos diseñados para mantener a los niños pegados al teléfono; estamos aquí para apoyarlos”, manifestó Mitsotakis al dirigirse a la ciudadanía, alertando además sobre cómo la navegación ininterrumpida deteriora el descanso diario y la capacidad de atención.
Plazos de adaptación y exigencias a las Big Tech

La legislación establece un periodo de gracia acotado para que las empresas del sector incorporen mecanismos eficientes y seguros de comprobación de identidad que resguarden la privacidad. Según dispuso el Ejecutivo, las tecnológicas contarán con un término de dos meses y medio para adecuar sus desarrollos. La norma no solo afectará a los nuevos registros, sino que exigirá depurar los perfiles ya existentes para confirmar que sus titulares cumplan con el piso de edad.

Para viabilizar este proceso, el Gobierno griego puso a disposición herramientas estatales de validación, tales como las plataformas digitales Gov.gr Wallet y Kids Wallet. Sobre este punto, el ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, detalló que estos canales permiten certificar la franja etaria de un usuario “sin necesidad de transmitir su nombre completo ni su fecha de nacimiento exacta”.

No obstante, el funcionario aclaró que el uso de estas aplicaciones gubernamentales “no será obligatorio”, por lo que las firmas privadas “podrán desarrollar sus propias soluciones tecnológicas de verificación” para dar cumplimiento a la ley.