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Petroleros privados

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Plaza Huincul — Este jueves 24 de septiembre, los vecinos de Plaza Huincul podrán acceder a los servicios de identificación y documentación gracias a la llegada del operativo del Registro Civil Móvil, impulsado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén en conjunto con el municipio local.

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A casi dos años del veredicto dictado por un jurado popular que impuso una pena de 18 años de prisión al profesor de música Walter Guido Herrera por abusos sexuales en perjuicio de doce niños del Jardín 31 de Neuquén, la causa escaló a la esfera internacional.

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La titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis, declaró en un caso concreto la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 y dictó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años que se encontraba imputado por tentativa de robo. La magistrada fundamentó su resolución en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y en la Convención sobre los Derechos del Niño, advirtiendo sobre la posible regresividad de la respuesta punitiva estatal ante hechos de criminalidad juvenil.

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La Cámara Multifueros de Castelli ratificó una sentencia que obliga a un hombre a abonar una compensación económica a su expareja tras finalizar una convivencia de 14 años, desarrollada entre marzo de 2008 y julio de 2023. El tribunal de alzada consideró plenamente acreditado que existió un desequilibrio patrimonial manifiesto, luego de comprobarse que la mujer aportó ahorros, préstamos personales y su propia vivienda para el hogar familiar, mientras que el demandado incrementó su patrimonio mediante la incorporación de diversos vehículos registrables y el avance en su desarrollo profesional.

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Una sentencia dictada por la Cámara del Trabajo de San Juan generó profunda inquietud en el sector empresario y encendió todas las alertas sobre el impacto financiero que la ley de reforma laboral (ley 27.802) está comenzando a generar en los juicios en trámite en todo el país. El conflicto judicial, que involucra a tres pequeñas y medianas empresas textiles de la región, expone el complejo escenario que enfrentan las firmas ante la aplicación de una fórmula de actualización que multiplica exponencialmente los montos indemnizatorios de litigios iniciados hace años.

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