
El Máximo Tribunal desestimó la demanda presentada por la cámara empresarial CELADI al determinar que no cuenta con legitimación procesal activa para reclamar por los derechos individuales de sus compañías asociadas. En tanto, el juez Ricardo Lorenzetti rechazó el planteo sobre el fondo de la cuestión y convalidó las facultades reglamentarias del organismo de control.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia previa que dejaba sin efecto la obligación de presentar el certificado de libre deuda de multas exigido a las empresas del sector del transporte. De este modo, el Máximo Tribunal dejó sin efecto la resolución que había cuestionado dicho requisito administrativo.
En su pronunciamiento, el tribunal resolvió desestimar la acción judicial promovida por la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI). Según los fundamentos expuestos en el fallo, la entidad sectorial carece de legitimación procesal activa para litigar en representación de los derechos de carácter individual que corresponden a cada una de las firmas asociadas.
El voto de Ricardo Lorenzetti sobre el fondo de la cuestión
Más allá de la objeción formal vinculada a la representatividad procesal de la cámara demandante, el ministro Ricardo Lorenzetti se pronunció respecto del contenido central del reclamo y optó por rechazar la pretensión de fondo impulsada por el sector empresarial.
En su voto, el magistrado respaldó las atribuciones y facultades reglamentarias del organismo de control competente para establecer y exigir el cumplimiento del libre deuda de infracciones como condición operativa dentro del ámbito del transporte.
