La movilización está relacionada con el reclamo por el presupuesto universitario, la situación de los jubilados y en contra de la Ley de Tierras.

Marcela Mendoza e indicó que "nos sumamos a la convocatoria nacional, apoyando porque os parece que el DNU 7023 debe caer, también por la llamada de las Universidades públicas. Nos convocamos junto con la CTA y la Junta Interna de Cutral Co para acompañar y apoyar"

La Cámara de Diputados se convierte este jueves 15 de octubre de 2026 en el escenario de un vertiginoso choque político. Con el llamado a la 14° Reunión de la 8° Sesión Ordinaria Especial —un plenario conseguido por iniciativa de las fuerzas opositoras—, el Parlamento buscará asestar un golpe clave al Gobierno nacional mediante la votación en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (enviado desde la Cámara Alta bajo el expediente PE-203/23). La nómina de discusión impulsada por este sector se completa con el debate del Orden del Día 433, orientado a mitigar la crisis del endeudamiento en los hogares, e iniciativas de auxilio para el área de discapacidad.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza (LLA) y el Poder Ejecutivo articularon una contraofensiva para neutralizar la convocatoria de este jueves y vaciarla de asistencia. La estrategia consiste en llamar a un gran plenario alternativo para el próximo miércoles 21 de octubre. En ese marco, los legisladores oficialistas consiguieron dictamen de mayoría junto a bancadas socias en Asuntos Constitucionales y Legislación General sobre la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para asegurar el acompañamiento de sectores moderados, el proyecto restablece el límite del 15% para la enajenación de tierras rurales a capitales extranjeros (conforme a la Ley 26.737), buscando blindar la vigencia del DNU madre.
Dos visiones antagónicas sobre la economía familiar y el sector discapacidad

El quiebre entre las propuestas parlamentarias queda al descubierto al examinar los proyectos sobre alivio financiero:

La mirada oficialista (prevista para el 21/10): Entiende el endeudamiento de los usuarios como un asunto strictly privado. Su texto apunta a transparentar la información de tasas y costos financieros, impulsar la capacitación en finanzas y exigir doble factor de autenticación para créditos digitales (impidiendo casillas premarcadas o aceptación por silencio). Todo esto sin generar erogaciones fiscales, topes de tasa o condonaciones.

El plan de la oposición: Encabezado por el peronismo, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas, pretende declarar la emergencia financiera por medio año. Propone una reestructuración de pasivos equivalente a dos Canastas Básicas Totales, con una tasa fijada por el indicador TAMAR más un 25% del Costo Financiero Total.

En relación con las políticas de discapacidad, el oficialismo aceptó retirar el capítulo correspondiente del proyecto de Presupuesto 2027 a cambio de votar un cuerpo normativo propio en la sesión del 21. El texto ratifica las asignaciones no contributivas, su actualización por índice inflacionario y el mantenimiento de las arancelaciones unificadas. Además, fija que cobrar la pensión será compatible con el trabajo en blanco si los ingresos no rebasan el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, intentando desarticular la prórroga de la emergencia que busca sancionar la oposición por un año más.
El capítulo "Ley Malvinas" y el debate institucional

Finalmente, el oficialismo prevé dictaminar el próximo miércoles un proyecto denominado de Defensa de la Soberanía Nacional. La propuesta endurece el régimen sancionatorio de la Ley 26.659, castigando la extracción ilegal de recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con multas, inhabilitaciones y retiro de licencias a empresas y prestadores vinculados.

Pese al consenso sobre el reclamo soberano, la iniciativa genera roces con los bloques opositores debido a la inclusión del Sistema y Consejo de Seguridad Nacional: una estructura permanente de coordinación diplomática, económica y de inteligencia integrada por el Presidente, el Jefe de Gabinete, los ministros de Cancillería, Defensa y Economía, junto a la SIDE y Legal y Técnica.