El establecimiento N°291, ubicado a solo 1.100 metros de una de las fuentes de emisiones de metano más importantes del mundo, permanecerá inhabilitado hasta febrero. Denuncian opacidad oficial y el traslado de los alumnos a Challacó.
La expansión hidrocarburífera de Vaca Muerta dejó al descubierto su impacto socioambiental más crítico en la región. El Consejo Provincial de Educación (CPE) dispuso la inhabilitación transitoria de la Escuela Primaria N°291 de Aguada Toledo —perteneciente al Distrito Escolar II de Cutral Có y Plaza Huincul— debido a graves cuestionamientos ambientales derivados de las emisiones de gas en las inmediaciones. El establecimiento permanecerá cerrado hasta fines de febrero de 2027, mientras la empresa YPF quedó a cargo de los estudios de calidad del aire y tareas de mitigación.
El cierre se formalizó tras diez semanas sin actividad presencial, un período en el cual la comunidad educativa transitó un largo derrotero de reclamos. Tras las vacaciones de invierno, el corte de caminos provocado por el tránsito pesado y la posterior falta de suministro de gas dejaron sin clases a los alumnos del establecimiento rural. Sin embargo, tras una reunión mantenida con la ministra de Educación, Soledad Martínez, la cartera educativa reconoció que la medida responde a cuestiones de sanidad ambiental.
Emisiones de metano y cercanía de riesgo
La decisión oficial se da en un contexto de extrema vulnerabilidad para la institución, ubicada en el corazón del yacimiento Loma La Lata–Sierra Barrosa, operado por YPF.
Un reporte publicado en junio de 2026 por el Observatorio Internacional de Emisiones del Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) reveló que tanques de la zona registraron fugas continuas detectadas por satélites durante un año entero. Curiosamente, a tan solo 1.100 metros del edificio escolar se encuentra una de las fuentes de emisiones de metano más significativas a nivel global.
Pese a los reclumados formales de organizaciones socioambientales como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA-CAJE), la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia relativizó el impacto mediante mediciones superficiales. Especialistas en la materia advirtieron que los instrumentos utilizados por los inspectores estatales están diseñados exclusivamente para seguridad laboral en ambientes cerrados y no para la magnitud de los contaminantes atmosféricos vinculados a la extracción no convencional.
Impacto en la salud y traslado cuestionado
Profesionales de la salud del Instituto de Salud Socio Ambiental (INSSA) alertaron sobre los riesgos que implica para las infancias habitar un territorio expuesto a hidrocarburos y metano, gas que al transformarse en ozono troposférico afecta severamente el aparato respiratorio en desarrollo, provocando rinitis, cuadros de asma y dermatitis.
Frente al panorama de contaminación, la respuesta estatal consistió en inhabilitar el edificio y trasladar las actividades escolares a Challacó —a más de 30 kilómetros por caminos de ripio en malas condiciones—, lo que representa para los estudiantes un desgaste de más de cuatro horas diarias de viaje.
La medida generó malestar en la comunidad, que cuestiona que el Estado provincial delegue en la propia operadora responsable (YPF) el monitoreo ambiental y las tareas de saneamiento, dejando en segundo plano la garantía del derecho a la educación en entornos seguros y la preservación de la salud pública local.
