Una familia de Cutral Co reclama la revisión urgente de una resolución dictada por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), mediante la cual se denegó la provisión de un sensor de monitoreo continuo de glucosa (FreeStyle Libre 2 Plus) para Gianluigi Martín Castillo, un niño de seis años diagnosticado con diabetes que padece retraso madurativo. El documento oficial, con fecha del 8 de septiembre de 2026, argumenta que el menor registra un promedio de 3,5 mediciones capilares diarias, por lo que no reuniría la totalidad de los criterios administrativos exigidos para la autorización del dispositivo tecnológico.
Los padres de Gianluigi expusieron que los parámetros estadísticos de la auditoría no reflejan las variaciones extremas de glucemia que atraviesa el niño, las cuales exigen entre seis y siete controles capilares diarios mediante punciones en los dedos durante los episodios de hipoglucemia e hiperglucemia. Asimismo, la diabetóloga infantil tratante respaldó el pedido de la familia al señalar que el paciente requiere un monitoreo estrecho por la volatilidad de sus niveles de glucosa, registrándose todos los controles en la aplicación médica MySugr y en el glucómetro del menor.
Fundamentos administrativos, postura profesional y situación del paciente
Los puntos centrales de la controversia entre la obra social provincial y la familia de Cutral Co abarcan las siguientes consideraciones:
Argumentos de la auditoría del ISSN: El organismo señaló en la resolución N° 475198 que los conocimientos sobre el manejo de la enfermedad se encuentran en etapa de consolidación parcial, condicionando una nueva evaluación del caso al cumplimiento de un plazo de seis meses de educación diabetológica.
Impacto en el tratamiento cotidiano: La madre del menor remarcó que la falta del dispositivo implica someter diariamente al niño a múltiples pinchazos en las manos, situación que genera dolor y sufrimiento adicional en el marco de su cuadro de retraso madurativo.
Acciones legales y reclamo público: Ante la postura de la obra social, la médica tratante no descarta intimar al organismo mediante carta documento, mientras que la familia hizo público el dictamen para exigir la entrega del sensor antes de los seis meses fijados por la institución.
