La discusión parlamentaria por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad —sancionada originalmente en 2025— sumó un contundente rechazo de la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo. La artista cuestionó con dureza el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno Nacional, el cual contempla modificaciones estructurales en el sistema de prestaciones básicas, en el régimen de pensiones y en el funcionamiento del nomenclador arancelario.
Bassi advirtió sobre las graves consecuencias que generaría la desregulación de los aranceles que perciben los prestadores del sector. Según remarcaron diversos colectivos de familias y profesionales, quitar la fijación única de valores mínimos por parte del Estado derivaría en una fragmentación de la cobertura, poniendo en riesgo la continuidad de terapias, apoyos escolares, centros de día y servicios de transporte asistido indispensables para las personas con discapacidad.
Puntos centrales de la controversia presupuestaria y reclamo de las familias
El debate en el Congreso Nacional gira en torno a las modificaciones propuestas por la administración oficialista en el proyecto normativo:
Desregulación del arancel de prestaciones: La revisión del nomenclador único habilitaría valores variables para los servicios terapéuticos y asistenciales, medida calificada por los colectivos del sector como un retroceso en el derecho a la atención igualitaria.
Modificaciones en el régimen de pensiones: El texto enviado al Parlamento contempla revisiones en las condiciones de acceso y mantenimiento de las pensiones no contributivas por invalidez.
Exigencia de prórroga de la emergencia: Organizaciones y familias reclaman sostener la ley sancionada en 2025 para garantizar la asignación de recursos y evitar la interrupción de los tratamientos en curso.
