Un informe elaborado por Provincia Microcréditos sobre la situación de los adultos mayores en Argentina reveló que el 11,4% del sector registra deudas en situación irregular o impaga. El dato representa a 457.596 jubilados que quedaron atrapados en el sobreendeudamiento y la mora, una cifra que casi triplica el 4,1% registrado en el mismo período del año anterior. Asimismo, el relevamiento advierte que el 44,6% de las personas en edad de jubilarse —más de cuatro millones de personas— mantiene compromisos crediticios activos para intentar solventar sus gastos cotidianos.

El deterioro progresivo del poder adquisitivo explica la recurrencia al financiamiento. Actualmente, más de dos millones y medio de personas perciben el haber mínimo fijado en $489.776 (incluido el bono estatal), mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $335.821. Estas cifras colisionan con la canasta básica de la tercera edad, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en $1.824.682. La brecha obligó a miles de beneficiarios a agotar sus ahorros, vender pertenencias, buscar ayuda familiar o reinsertarse en el mercado laboral informal, recurriendo a préstamos bancarios y de crédito personal con altas tasas para cubrir alimentos, medicamentos, alquileres y servicios públicos.

La problemática cobró mayor visibilidad pública tras la difusión de testimonios e intervenciones de jubilados que expresaron su malestar por la pérdida de ingresos y las dificultades para afrontar las cuotas fijas. Pese al crecimiento sostenido de los índices de mora, el Gobierno nacional ratificó que el endeudamiento de los adultos mayores con entidades financieras constituye un "problema entre privados", descartando una intervención directa o un programa de alivio estatal para reestructurar los pasivos del sector.