A través de cuatro resoluciones fechadas el 21 de agosto de 2026, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso sanciones y medidas precautorias de fuerte impacto sobre cuatro entidades del mercado asegurador argentino. Las medidas adoptadas obedecen a inconsistencias contables, demoras en la presentación de documentación regulatoria, deficiencias patrimoniales y la imposibilidad de validar la suficiencia de las reservas técnicas.
Detalle de las resoluciones adoptadas por el organismo de control
Prof Seguros (Resolución 365/2026): Prohibición de emitir nuevas pólizas. La decisión se fundamentó en inconsistencias en la Reserva de Siniestros Pendientes, saltos procesales sin sustento en causas judiciales y mediaciones, incompatibilidades en los estados contables al 31 de marzo de 2026 y el incumplimiento en la presentación de la base de juicios al 30 de junio de 2026. A su vez, el Juzgado Comercial N° 30 informó sobre conductas procesales reiteradas en al menos 19 pedidos de quiebra. Se mantiene activa la inhibición general de bienes dispuesta previamente.
Comarseg S.A. (Resolución 367/2026): Inhibición general de bienes. La SSN sancionó a la compañía por la falta de presentación de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026 dentro del plazo de 45 días. El organismo desestimó el argumento de la empresa sobre fallas técnicas en el servidor de su proveedor informático, señalando que las contingencias de terceros no justifican el incumplimiento regulatorio. La medida excluye a las cuentas corrientes bancarias.
Aseguradora del Finisterre S.A. (Resolución 368/2026): Prohibición de celebrar nuevos contratos. La entidad no presentó el balance correspondiente al 30 de junio de 2026 dentro del plazo que venció el 14 de agosto. Al encontrarse previamente bajo una inhibición general de bienes desde 2022, la autoridad de control resolvió ratificar dicha inhibición e intensificar la sanción impidiendo la emisión de nuevas pólizas.
Social San Juan Seguros de Personas S.A. (Resolución 369/2026): Revocación de la autorización para operar. Tras registrar un déficit de $649,7 millones en el Estado de Capitales Mínimos y de $11,9 millones en el Cálculo de Cobertura a fines de 2025, la firma no presentó el Plan de Regularización exigido ni acreditó el reintegro de capital. El organismo dispuso la revocación de su matrícula, lo que deriva en la disolución automática y el inicio de la liquidación judicial forzosa, ampliando la inhibición de bienes a la totalidad de sus cuentas bancarias.
