La Justicia Federal abrió una investigación formal contra el diputado provincial por el departamento de Anta, Gerardo Francisco Orellana, y otras 14 personas acusadas de integrar una red dedicada a la tramitación de pensiones no contributivas por discapacidad mediante la falsificación de documentación médica. La causa, tramitada en el Juzgado Federal N.º 2 de Salta bajo la instrucción del fiscal general Carlos Amad, contempla un plazo de investigación de un año.
Según la acusación fiscal, la organización operaba mediante la confección de certificados médicos y estudios de laboratorio apócrifos —simulando patologías como Chagas o diabetes con invalideces del 80% al 90%— a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los $20.000 y el millón de pesos por trámite. La Fiscalía estimó el perjuicio económico para el Estado nacional en aproximadamente $3.280 millones mensuales.
Roles e implicados en la causa
·Representación política y captación: Al diputado Gerardo Orellana se le atribuye la firma y gestión de solicitudes presuntamente irregulares, investigándose el uso del beneficio como herramienta de captación política. En la logística territorial se señala a María Romano, empleada municipal de El Quebrachal, encargada del reclutamiento de solicitantes y el cobro de dinero.
·Autoridades sanitarias y profesionales de la salud: Se investiga a los exdirectivos del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal, Roberto Bernardino Morales y César Ramiro Blanco, así como al médico Oscar Ricardo Luna (con pasos por nosocomios de Joaquín V. González, Tartagal y El Quebrachal), por avalar o emitir diagnósticos falsos. Asimismo, el bioquímico Luciano Benjamín Esteban y el profesional Hugo Humberto Massa están acusados de manipular análisis clínicos y reutilizar placas radiográficas pertenecientes a otros pacientes.
·Cuerpo médico y circuito administrativo: Los médicos Diego Augusto Ocampo y Luis Alberto Verón habrían firmado renovaciones e informes sin controles previos. En el tramo administrativo, el exencargado de la oficina local de ANSES, Edmundo Dante Salazar, junto con los empleados Manuel Rodolfo Córdoba y Luis Casares, habrían facilitado claves de acceso y permitido el avance de los expedientes en los sistemas oficiales. La nómina de imputados se completa con José Edmundo Brisuela, José Wilson Muñoz Torres y Humberto Brisuela Mendoza.
Los delitos imputados según el nivel de participación comprenden fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad documental e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
