Garantizar la dignidad de los hogares en un contexto de profunda crisis socioeconómica. Bajo esa premisa central, la Legislatura de Río Negro transformó en ley la suspensión de los cortes de servicios públicos domiciliarios para los usuarios en condición de extrema vulnerabilidad social y económica. La prohibición de interrupción de los suministros de energía eléctrica, gas de red y agua potable se extenderá, de forma improrrogable, hasta el 31 de diciembre de 2027.
La normativa busca frenar el impacto del incremento de tarifas y resguardar el acceso a suministros vitales en todo el territorio provincial.
¿Quiénes quedan protegidos por la nueva ley?
La medida alcanza de manera directa a los siguientes grupos de usuarios residenciales:
Jubilados y pensionados del sistema previsional.
Familias cuyos ingresos totales se ubiquen por debajo de la línea de la canasta básica.
Personas en situación de emergencia o vulnerabilidad económica debidamente acreditada.
Hogares que tengan a su cargo a personas con discapacidad.
Reconexión obligatoria y financiamiento de deuda
Un punto fundamental de la legislación es que no contempla la condonación de deudas, sino que establece mecanismos regulatorios para asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales:
Planes de pago: Las empresas prestatarias están obligadas a diseñar e implementar planes de financiación accesibles y acordes a la capacidad de pago de los sectores protegidos.
Reconexión sin costo: En caso de usuarios que ya hayan sufrido la interrupción del suministro, las compañías deberán restablecer el servicio en un plazo máximo de 48 horas tras la presentación de una declaración jurada, quedando prohibido el cobro de tasas o costos por reconexión.
El fin del vacío legal y el respaldo social
La legisladora Magdalena Odarda (bloque Vamos con Todos), coautora de la iniciativa, calificó la sanción unánime como una herramienta de protección social urgente. Al respecto, advirtió sobre el vacío legal en el que se encontraban miles de rionegrinos desde el pasado 31 de diciembre de 2025, fecha en la que había vencido la prórroga de la ley anterior.
Durante su intervención en el recinto, Odarda reconoció el trabajo articulado y el compromiso de la senadora nacional Ana Marks —quien impulsó el proyecto original—, como así también el acompañamiento clave de organizaciones civiles y de derechos humanos de la región, entre ellas la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes sostuvieron el reclamo de manera activa para evitar que las familias rionegrinas quedaran desprotegidas ante la falta de pago.
