La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) criticó la reciente resolución que elimina las compensaciones a las empresas de larga distancia. Señalan que la falta de controles estatales puede derivar en trabas y desabastecimiento de cupos.
El acceso al transporte gratuito para los sectores más vulnerables de la población entró en una zona de fuerte incertidumbre. La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) emitió un duro documento en el que manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de suprimir el esquema de compensaciones financieras destinadas a las compañías de ómnibus de larga distancia. Dichos fondos estaban dirigidos a cubrir los pasajes sin costo que, por normativas nacionales, corresponden a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores bajo tratamiento oncológico.
La controversia surge a partir de la publicación de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte —bajo la órbita del Ministerio de Economía—, puesta en vigencia el pasado 26 de mayo. Si bien la nueva normativa ratifica de manera formal que las empresas mantienen la obligación legal de otorgar estos boletos gratuitos, el bloque de defensores del pueblo alertó que la quita de las partidas económicas se realizó sin prever ningún tipo de herramienta de fiscalización, auditoría o penalización que asegure que el beneficio se siga otorgando en las ventanillas.
El riesgo de una quita de derechos en la práctica
Para los defensores del pueblo, quitar los subsidios sin estructurar canales rigurosos de control genera el escenario ideal para que la ley se convierta en una declaración vacía. Advirtieron que, ante el actual panorama de ajuste y presión de costos sobre el sector empresarial, las prestadoras del servicio podrían empezar a restringir de forma arbitraria la entrega de los pasajes.
Entre los principales temores institucionales se destaca la posible aparición de barreras burocráticas orientadas a desincentivar las solicitudes, tales como:
·Reducción sistemática de los cupos disponibles por unidad.
·Dilaciones intencionales en los sistemas de reserva de pasajes.
·Rechazo infundado de trámites o solicitudes a los beneficiarios.
El organismo remarcó el carácter crítico de este beneficio, recordando que para un gran porcentaje de las personas con discapacidad, el traslado de media y larga distancia no es opcional, sino el único medio viable para asistir a consultas médicas, centros de rehabilitación y tratamientos de alta complejidad. Por ende, cualquier traba en el transporte vulnera colateralmente el derecho humano a la salud.
Exigencias a los entes de control y plazos al Ejecutivo
En el plano legal, la entidad recordó que la Argentina se encuentra sujeta a compromisos de carácter internacional y constitucional —como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— que prohíben explícitamente la adopción de medidas regresivas sobre los derechos sociales ya adquiridos.
Ante esta situación, ADPRA elevó un pedido formal a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para que diseñe de forma urgente un esquema de monitoreo en tiempo real sobre las plataformas de emisión de boletos, al tiempo que exigió un endurecimiento severo de las multas para aquellas firmas de transporte que incumplan con la normativa vigente.
Finalmente, los defensores del pueblo emplazaron al Poder Ejecutivo Nacional a presentar, en un lapso no mayor a 30 días, un informe detallado que precise qué acciones técnicas y operativas se implementarán para neutralizar el impacto negativo de la quita de subsidios. Según concluye el texto, este recorte se acopla a una preocupante cadena de medidas que vienen desgastando al sector, entre las que mencionaron el fuerte desfasaje en los aranceles que perciben los prestadores de salud y la reducción general de las políticas públicas de inclusión.
