Tras las impactantes revelaciones en un juicio en Bariloche, el bloque de legisladores de "Vamos con Todos", junto al PJ-Nuevo Encuentro, impulsan una denuncia por presuntas irregularidades financieras y violación de la Ley de Tierras en el Alto Río Chubut.
La reciente declaración del ex polista Hugo Alberto Barabucci en los tribunales de Bariloche ha desatado una tormenta política y judicial en Río Negro. El denunciante, que buscaba la condena de Soledad Cayunao (finalmente absuelta) por una presunta usurpación, terminó exponiendo detalles sobre la adquisición de 14.000 hectáreas en las nacientes del río Chubut que encendieron las alarmas de los parlamentarios provinciales.
Los puntos críticos del pedido de informes
La legisladora Magdalena Odarda lidera una iniciativa legislativa que solicita la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal. El foco está puesto en la naturaleza de los fondos y la legalidad de la propiedad en una zona estratégica de seguridad nacional.
Las sospechas de los legisladores se centran en tres ejes principales:
1.Ingreso Irregular de Divisas: Barabucci afirmó haber recibido una "donación" de 2 millones de dólares del Estado de Emiratos Árabes Unidos. Los fondos habrían circulado desde Abu Dhabi (First Gulf Bank) hacia Nueva York (J.P. Morgan) antes de ingresar al país, presuntamente eludiendo los controles aduaneros y fiscales vigentes.
2.Lavado de Activos y Contrabando: El proyecto indaga si se notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al ARCA, dado que la cifra mencionada supera los límites permitidos para ingresos de capitales sin declarar, configurando posibles delitos económicos complejos.
3.Soberanía y Seguridad de Fronteras: Se cuestiona si la operación respeta la Ley de Tierras Rurales, especialmente por tratarse de una zona de frontera y ante la contradicción registral de la titularidad, que figura a nombre del Fideicomiso Amaike y no de Barabucci.
Acciones a futuro
Además del requerimiento a los fiscales, Odarda anunció que elevará una presentación formal ante el Fiscal de Estado de la provincia. El objetivo es que se analice la validez de la operación inmobiliaria y se evalúe su nulidad, argumentando que la compra de estas tierras estratégicas podría haber vulnerado la legislación de seguridad nacional y el patrimonio ambiental rionegrino.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la presencia de capitales extranjeros y la opacidad en las transacciones de grandes extensiones de tierra en la zona cordillerana, un tema de alta sensibilidad para la comunidad local.
