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Petroleros privados

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El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n.° 77 dio lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dispuso la reincorporación de empleados que habían sido cesanteados sin causa en el PAMI durante el mes de abril. Entre los alcanzados por la resolución judicial se encuentra Melina Gutiérrez, secretaria general de la junta interna del organismo en Rosario, por lo que el tribunal consideró que las cesantías vulneraron la tutela sindical garantizada por la Ley de Asociaciones Sindicales n.° 23.551.

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El escenario productivo en la Cuenca del Golfo San Jorge atraviesa una fase crítica marcada por el repliegue de firmas de servicios especiales y crecientes dificultades financieras para abonar salarios. En ese marco, se confirmó el cierre definitivo de la base de la empresa Expro en la región, hecho que movilizó al Sindicato de Petroleros Privados de Chubut para gestionar la absorción de los operarios afectados en otras contratistas de la zona.

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Un análisis elaborado por la consultora Galois reveló que el Gobierno nacional retuvo $784.290 millones entre enero y julio de 2026, dinero que debería haberse destinado al mantenimiento de las rutas de todo el país. La cifra corresponde al ejercicio de coparticipar el 35,44% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), una porción de fondos fiduciarios que el Ministerio de Economía decidió no transferir y colocar en inversiones financieras para mantener el superávit.

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La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de Matías Rappallini, jefe comunal bajo licencia del municipio bonaerense de Maipú, y de la intendenta interina Lorena Otermín. La resolución judicial responde a la causa que investiga la retención indebida de Documentos Nacionales de Identidad y diversas maniobras coercitivas orientadas a impedir el voto de al menos 27 vecinos en los comicios generales de 2019, donde la reelección del oficialismo local se resolvió por un margen de apenas 49 sufragios.

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El Tribunal Oral Federal N.° 2 dispuso un conjunto de medidas cautelares y embargos preventivos sobre un nuevo paquete de activos pertenecientes a los condenados en la causa por irregularidades en la obra pública. Entre las propiedades alcanzadas se encuentra el departamento ubicado sobre la calle San José al 1100, registrado a nombre de la firma Los Sauces S.A., donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

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