Preocupados por la crisis social, referentes de distintos sectores conformaron un Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI) para realizar acciones, denunciar y reclamar investigaciones y reparación social, para que el peso de la deuda caiga sobre aquellos que "se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga que fomentó el gobierno de Mauricio Macri".

Referentes de distintos espacios sociales, políticos, gremiales, académicos y de derechos humanos anunciaron el martes la conformación de un Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI) para "visibilizar la deuda con el pueblo" y promover "acciones de investigación, denuncia y reparación social" en torno a los compromisos asumidos ante el FMI.

El Comité dio a conocer una carta dirigida al senador del Frente de Todos, José Mayans, en su calidad de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación, para solicitarle una audiencia.

En ese ámbito, el grupos aspira a expresar su preocupación "por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes" y por "la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares".

Entre los 100 firmantes de la carta figuran personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky; el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; los periodistas Alejandro Bercovich, Julia Mengolini y Sandra Russo, entre otros.
En su carta a Mayans, el Comité detalla los principales desafíos que los movilizan, entre ellos, la visibilización de las "deudas internas como la pobreza, caída del salario, déficit habitacional, falta de acceso a la tierra, destrucción del ambiente" y la promoción de "políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes, acompañadas de un compromiso presupuestario".

Otro de los objetivos enumerados se refiere a la coordinación de acciones públicas, institucionales y judiciales tendientes a conocer la verdad, obtener justicia y garantizar la reparación frente a los daños ocasionados por "la gran estafa que ha sufrido la Argentina"; y demostrar a nivel nacional e internacional la "corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la estafa de la deuda".

Asimismo, el Comité solicita una revisión trimestral de las políticas de desarrollo humano destinadas a "saldar la deuda interna para evitar que la presión del FMI vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías".

También manifestaron su apoyo a iniciativas orientadas a que "el peso de la deuda no caiga sobre el pueblo", sino sobre aquellos que "se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga que fomentó el gobierno de Mauricio Macri".

En ese sentido, manifestaron su apoyo a la iniciativa del "aporte especial de emergencia" y de levantar el secreto bancario para "conocer la verdad sobre qué sucedió con los dólares del FMI que ingresaron a nuestro país".