Puede ser una imagen de una o varias personas

El legislador de Convicción Federal confirmó el respaldo de su bancada al proyecto y sostuvo que el avance de la iniciativa responde al reclamo de las familias y organizaciones, más que a un acuerdo de la dirigencia política.

Durante el debate parlamentario, el senador nacional Guillermo Andrada (Convicción Federal) adelantó el voto afirmativo de su espacio a la ley de discapacidad, al tiempo que instó a priorizar su pronta sanción por encima de cualquier búsqueda de perfección técnica. En su intervención, subrayó que la llegada del tema al recinto es fruto de la movilización de las personas con discapacidad, su entorno y las entidades del sector, y no un logro de la dirigencia.

En ese sentido, tomó distancia de las posturas que atribuían el tratamiento de la norma a un consenso político generalizado: "El mérito es de todos ellos, nosotros lo que estamos haciendo acá es dar una respuesta institucional", sostuvo.

El representante legislativo reconoció que su bancada había formulado reparos en el trabajo de comisión, pero remarcó la necesidad de anteponer el bienestar general: "Plantear diferencias no puede ser más importante que impedir que avance una solución". Además, valoró que la iniciativa otorgue carácter permanente a una cobertura que hasta el momento funcionaba de manera transitoria y acotada.
Impacto fiscal, alcance de las pensiones y auditorías

Al repasar los números del sistema previsional asistencial, Andrada detalló que en la Argentina se registran más de 1.700.000 pensiones no contributivas, de las cuales 1.150.000 corresponden a invalidez, con una erogación estimada para 2027 de alrededor de 600.000 millones de pesos —equivalente al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI)—. A su juicio, se trata de "un gasto mínimo al lado de otros gastos que vamos observando a diario".

Asimismo, puso de relieve que la norma diferencia dos prestaciones específicas:

Pensión por discapacidad: se asigna mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a quienes enfrentan obstáculos o limitaciones para desenvolverse plenamente en la vida social.

Pensión por invalidez: destinada a aquellas personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar.

El senador también precisó que el haber equivaldrá al 70% de la jubilación mínima, y no del salario mínimo vital y móvil.

En cuanto a los procesos de revisión y control —sobre los cuales cuestionó el manejo inicial de la actual administración—, consideró legítimo que el Estado verifique la correcta asignación de los recursos, aunque advirtió que "quien tiene la pensión tiene que tener la garantía de que no por un error administrativo se le quite un derecho que ya tiene".

Por otra parte, señaló que su bloque juzga insuficiente el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos para suspender el beneficio en caso de acceder a un empleo formal. No obstante, explicó que acompañarán ese punto "en pos de que esto avance rápidamente", destacando positivamente que el texto contemple la restitución automática de la pensión si el beneficiario pierde su fuente laboral.
El cierre con una cita histórica

En el tramo final de su alocución, Andrada evocó la trayectoria de la referente estadounidense Judith Heumann, reconocida mundialmente como la "madrina" del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Recordó que en su infancia le negaron el acceso a una escuela pública de Nueva York por desplazarse en silla de ruedas y que, tras recurrir a los tribunales, logró estudiar y posteriormente ejercer la docencia. "La tragedia no es la discapacidad, la tragedia es que la sociedad no dé las soluciones para aquellos que tenemos discapacidad", citó el legislador.

Al concluir, insistió en que, si bien el articulado admite mejoras futuras, resulta indispensable aprobarlo de inmediato: "La aprobación no significa que le vamos a resolver el 100% a la gente, y en gran parte el voto que vamos a dar positivo en nuestro bloque es el reconocimiento a aquellas personas que lucharon de manera desigual para que este proyecto sea tratado".