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Bajo la política de "tolerancia cero" impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, la Provincia oficializó la cesantía de un auxiliar de servicio del CPEM 19 que acumuló inasistencias injustificadas desde julio de 2023. La investigación reveló un historial de irregularidades que se remontaba a 2018. Si no restituye los fondos percibidos, enfrentará acciones judiciales.

La administración pública de la provincia de Neuquén sumó un nuevo capítulo en su política de revisión y saneamiento de plantas de personal. Este lunes se concretó formalmente la cesantía de un agente estatal que protagonizó un caso extremo de ausentismo laboral, acumulando más de un año entero de inasistencias injustificadas sin pisar su lugar de trabajo.

La medida recayó sobre Matías Ezequiel Gutiérrez, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N° 19 de la capital neuquina. El Ejecutivo provincial convalidó de este modo la resolución emitida previamente por el Consejo Provincial de Educación (CPE), aplicando la máxima sanción por la causal de abandono de cargo.

De acuerdo con la documentación oficial, el relevamiento administrativo constató que Gutiérrez faltó de manera ininterrumpida y sin justificación alguna entre el 1 de julio de 2023 y el 10 de julio de 2024.

Un historial que se remonta a 2018 y un director que "nunca lo conoció"
Si bien el expediente formaliza el período crítico de más de doce meses sin concurrir a cumplir tareas, la investigación interna dejó al descubierto que las irregularidades venían de larga data, extendiéndose incluso durante la gestión provincial anterior.

Las actuaciones administrativas se originaron a partir de sucesivas notas enviadas por las autoridades del establecimiento educativo, las cuales denunciaban el ausentismo crónico del agente desde el año 2018 en adelante. El grado de desatención de sus funciones era tal que una exautoridad de la institución escolar ratificó en el expediente que "nunca llegó a conocer personalmente" al ahora ex empleado.

Frente a las citaciones formales emitidas por el área de sumarios, el agente optó por el silencio: fue convocado en dos oportunidades para prestar declaración y no se presentó a ninguna. Los auditores también detectaron intentos infructuosos de notificación postal debido a que figuraba con domicilio inexistente, además de maniobras en las que intentó justificar parte de sus faltas iniciales amparándose en supuestas medidas de fuerza gremiales, extremos que jamás documentó ni respaldó ante las intimaciones de reintegro.

Restitución de fondos y la amenaza de ir a la Justicia
La resolución firmada por las autoridades provinciales no se limitó exclusivamente a la expulsión del agente de la planta estatal, sino que introdujo una cláusula estricta en materia patrimonial.

El texto ordena auditar pormenorizadamente si Gutiérrez percibió haberes durante el período en el que no prestó servicios. En caso afirmativo, se activarán de manera inmediata los mecanismos administrativos para recuperar hasta el último centavo cobrado indebidamente.

Asimismo, la normativa advierte que si el exempleado no restituye los fondos de forma voluntaria, el Consejo Provincial de Educación deberá promover acciones legales por la presunta configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio del Estado provincial, dándole intervención directa a la Fiscalía de Estado.

Desde el Ejecutivo destacaron la gravedad del caso al señalar que la conducta investigada no se trató de una ausencia circunstancial, sino de una falta absoluta de contraprestación que obligó al sistema educativo a destinar recursos para cubrir sucesivos reemplazos temporarios. "El ordenamiento del Estado también implica terminar con estas situaciones, sin importar cuándo comenzaron ni cuánto tiempo hayan permanecido impunes", remarcaron desde la gestión de Rolando Figueroa.