El fiscal Diego Velasco expuso durante el juicio oral que los exmandatarios retiraron más de $4,5 millones de la sociedad familiar para uso personal. Sostienen que el mecanismo se nutrió de retornos provenientes de concesiones de obra pública y contratos de alquiler inflados.

En el marco del proceso judicial unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, la acusación pública detalló la mecánica de cobros que habrían percibido los integrantes de la familia Kirchner a través de la firma patrimonial. De acuerdo con la exposición vertida ante el Tribunal Oral Federal N° 5 por el fiscal Diego Velasco, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner extrajo $2.095.426,67 de la sociedad, en tanto que el diputado nacional Máximo Kirchner percibió $2.492.415,69.

La fiscalía imputó a 24 personas bajo los cargos de asociación ilícita, lavado de activos y recepción de dádivas. En su alegato, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el dinero era retirado bajo el ropaje jurídico de honorarios directivos, salarios, devolución de créditos o cobertura de gastos privados, como parte de un proceso de blanqueo destinado a apoderarse de fondos estatales.
Red de contratos, sobreprecios y compra de inmuebles

El alegato acusatorio detalló los canales de ingresos que alimentaron las cuentas de la firma Los Sauces entre 2007 y 2015:

Inyecciones del Grupo Báez: Las constructoras Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones aportaron más de $2 millones a la sociedad inmobiliaria. A su vez, la firma Valle Mitre —calificada por la fiscalía como una empresa "pantalla" sin trayectoria hotelera— giró $2,8 millones por la explotación del complejo La Aldea del Chaltén.

Alquileres del Grupo Indalo: Mediante firmas vinculadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa se facturaron más de $18,5 millones por locaciones en el complejo Madero Center. La fiscalía remarcó que los valores fijados contenían sobreprecios de entre el 100% y el 150% respecto a los precios de mercado.

Variación de rentabilidad: La investigación determinó que, una vez finalizados los vínculos con el grupo Báez en 2015, los nuevos contratos suscritos con particulares arrojaron una rentabilidad 41% menor, evidencia que la acusación utiliza para sustentar la existencia de retornos simulados.

Adquisición de bienes: Los fondos de la firma permitieron además la compra de inmuebles para la familia, entre ellos la propiedad de la calle San José al 1111 en CABA.

El juicio pasó a un cuarto intermedio y se reanudará el viernes 6 de noviembre con la exposición del alegato de la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF).