El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó la causa por presunta estafa vinculada al lanzamiento del token especulativo. La resolución determinó la inexistencia de delito al considerar que las conductas investigadas no constituyen una infracción penal.
El fuero federal dio por finalizada la investigación abierta contra el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco del expediente que analizaba posibles maniobras fraudulentas tras la salida al mercado de la criptomoneda conocida como $Libra.
A través de un fallo emitido en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 8, el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi resolvió cerrar las actuaciones. En el escrito, el juez fundamentó la medida señalando la atipicidad de los hechos denunciados y concluyó que no encuadran en ninguna figura contemplada por el Código Penal.
El recorrido del expediente y el desplazamiento de los querellantes
La causa se radicó en Comodoro Py luego de que la Cámara Federal de San Martín apartara del caso a la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. En el tramo previo al sobreseimiento, Martínez de Giorgi dio lugar a una presentación radicada por el lobista Mauricio Novelli —vinculado al entorno presidencial— y resolvió apartar a cinco de las querellas que agrupaban a damnificados.
Al justificar la exclusión de los querellantes, el magistrado sostuvo que los denunciantes no consiguieron demostrar un “perjuicio real y directo” ni acreditar la titularidad de las billeteras virtuales asociadas a las operaciones. De igual modo, argumentó que los compradores de la memecoin “asumieron los riesgos propios” de un activo digital de índole especulativa.
Esta decisión dejó la potestad del impulso instructorio de forma exclusiva en manos del fiscal Eduardo Taiano, en un contexto en el que el magistrado aguardaba la formalización del nombramiento de su cónyuge, Ana Juan, como magistrada federal de Hurlingham, cuyo pliego contaba con el aval del Senado.
Cuestionamientos a la fiscalía
La labor del fiscal Taiano también fue objeto de controversias durante el desarrollo de las pesquisas. Frente a advertencias sobre denuncias en su contra por supuestas dilaciones en el expediente, el representante del Ministerio Público atribuyó los plazos administrativos a la apertura de un sumario promovido por el procurador general, Eduardo Casal.
Entre las diligencias solicitadas en la causa, la fiscalía había librado en febrero un requerimiento a la Presidencia de la Nación con el propósito de constatar si existió algún tipo de convenio entre el jefe de Estado y el desarrollador Hayden Davis.
