En un fallo con fuerte impacto institucional, el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro dictó el procesamiento del economista y exdiputado José Luis Espert en el marco de una investigación por supuestas maniobras de lavado de activos. La medida cautelar incluye la restricción para abandonar el territorio nacional y un embargo sobre sus bienes por la suma de 1.000 millones de pesos.
La resolución, rubricada por el magistrado Lino Mirabelli, da sustento a las sospechas en torno a la acreditación de 200.000 dólares recibidos en una cuenta financiera en el exterior. Dichos fondos fueron vinculados por la fiscalía con la estructura comercial del empresario Federico "Fred" Machado, actualmente bajo la órbita de la justicia estadounidense por causas de fraude y narcotráfico.
Alcance de la medida y otros imputados
La hipótesis fiscal: de la transferencia al circuito formal
Según la acusación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, el circuito dinerario tuvo su origen en giros provenientes de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. hacia una cuenta del imputado en Morgan Stanley. Para los investigadores, el contrato de asesoría técnica con la compañía guatemalteca Minas del Pueblo —argumentado por la defensa para justificar el cobro— constituyó un ardid contable, al constatarse que la minera no registraba actividades operativas y que el acusado no realizó viajes a ese país.
El dictamen sostiene que los capitales habrían sido canalizados mediante un esquema en tres etapas (introducción, estratificación e integración), culminando en la adquisición de vehículos de alta gama —un Lexus y un BMW— y en aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. Asimismo, la fiscalía advirtió sobre la creación de la sociedad Varianza SA poco antes de los movimientos bancarios y sobre extracciones en efectivo realizadas al iniciarse el proceso penal.
Argumentos de la defensa y antecedentes del caso
La decisión judicial se conoce luego de que la Cámara Federal de San Martín rechazara diversos planteos presentados por los abogados del economista, quienes buscaban la nulidad de testimoniales e informes financieros recabados en la instrucción.
En sus presentaciones previas y descargos por escrito, Espert rechazó la imputación argumentando la autenticidad del acuerdo profesional y cuestionando la existencia de un delito precedente. No obstante, el avance formal de la causa consolida la etapa de investigación previa a un eventual debate oral, en el marco de un expediente iniciado a fines de 2025 tras una denuncia formulada por Juan Grabois.
