A dos años y medio de gestión y tras la sanción de dos normativas de flexibilización, los indicadores del mercado de trabajo muestran un incremento en la desocupación, caída del empleo formal privado y un fuerte aumento de la precarización.
A pesar de las promesas oficiales de impulsar un dinamismo sin precedentes en la contratación a través de la desregulación, los datos oficiales grafican un escenario adverso para el mercado laboral argentino. Las sucesivas modificaciones normativas —que incluyeron la Ley Bases de julio de 2024 y la Ley de Modernización Laboral de marzo de 2026— no lograron frenar la contracción del empleo registrado, que acumula retrocesos generalizados y un marcado crecimiento de la informalidad.
Destrucción de empleo formal y avance de la informalidad
Los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) evidencian que, desde la entrada en vigencia de la Ley Bases, el sector privado formal perdió 106.927 puestos de trabajo. Por su parte, la segunda reforma aprobada en marzo tampoco revirtió la tendencia, sumando una merma de 36.531 empleos registrados en el mismo segmento.
En paralelo, este repliegue del empleo formal vino acompañado de una precarización de las condiciones de trabajo. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, la tasa de informalidad trepó del 41,4% al 45% en los aglomerados urbanos medidos por el INDEC, lo que se traduce en unos 574.000 nuevos ocupados en el mercado informal, desprovistos de aportes previsionales y derechos laborales.
El cierre de empresas y la caída del consumo
Los analistas coinciden en que el factor central radica en las condiciones macroeconómicas y la retracción del mercado interno. Desde el inicio de la administración actual, se contabilizaron 31.342 cierres de empresas —en su gran mayoría pequeñas y medianas industrias y comercios—, mientras que los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) acumulan 163 solicitudes solo hasta julio de este año, igualando los registros críticos del período previo.
Incluso sectores presentados como pilares del modelo económico, tales como la minería y los hidrocarburos, sufrieron recortes con la pérdida de 7.613 puestos de trabajo. Como resultado de este combo recesivo, la tasa de desocupación escaló desde el 5,7% inicial hasta el 7,9% en el segundo trimestre de 2026.
Polémica por el nuevo Fondo de Asistencia Laboral
En el plano normativo, la reciente legislación incorporó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para financiar indemnizaciones mediante aportes mensuales patronales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para las pymes.
La medida generó un fuerte rechazo opositor y advertencias técnicas, debido a que el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta una retracción del 7% en los recursos del SIPA —equivalente a más de 4,3 billones de pesos—, comprometiendo fondos de la seguridad social para solventar desvinculaciones del sector privado.
La economía real como motor principal
El debate de fondo vuelve a posarse sobre la efectividad de modificar las reglas de contratación en contextos recesivos. La experiencia histórica demuestra que la expansión del empleo registrado —como ocurrió en la década pasada— responde de manera directa a la recuperación del poder adquisitivo, el fortalecimiento del mercado interno y los niveles de demanda agregada.
En síntesis, los datos del mercado de trabajo reflejan que, más allá de los cambios regulatorios impulsados por el Ejecutivo, la creación genuina de empleo continúa supeditada al funcionamiento de una economía con consumo y producción sostenidos.
